La clave – en un mercado sobrevalorado y con una oferta cada día más sobredimensionada , dada la caída de la renta disponible, así como de la población española – es la valoración de dichos  inmuebles, que el Gobierno Rajoy ha decidido se haga a "precio razonable" (ya he tratado este aspecto en numerosos artículos entre los que recomiendo “Un proceso económico financiero insostenible” (http://josebarta.com/2012/07/08/un-proceso-economico-financiero-insostenible/ ). En definitiva  el Gobierno ha decidido comprar inmuebles, a unas concretas entidades financieras, a precios muy superiores a los que admitiría un mercado libre. Probablemente a unos precios que,  muchos de dichos inmuebles, no alcanzaran en los próximos diez años.

Llegados a este punto de no retorno solo nos queda intentar mantener la imagen de que se respeta la legislación Comunitaria, en concreto en lo que se refiera a Libre Competencia, y en particular a las ayudas estatales a empresas privadas (artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea TFUE – antiguos artículos 81 y 82 del Tratado CE -). Debido a esta imagen que es preciso dar, la adquisición de inmuebles “a precios razonables” no puede limitarse a las entidades intervenidas, o que en breve lo serán: necesariamente, el Banco Malo DeGuindos, ha de abrirse a adquirir activos inmobiliarios  al resto de las entidades financieras. Por supuesto en las mismas condiciones.

Pero es que no termina aquí el problema que ha decidido asumir el Gobierno a costa de todos los españoles – y residentes no españoles -. Llegados a este punto tengo que recordar que el “grueso” del problema de la burbuja inmobiliaria no se encuentra todavía en los activos adjudicados por las entidades financieras: se encuentra en los balances de las inmobiliarias en forma de créditos inmobiliarios sin garantía suficiente.
Las entidades financieras han procedido a renovar sistemáticamente los créditos inmobiliarios otorgados a las inmobiliarias, acrecentando la deuda, incrementando las potenciales perdidas.

Se hará preciso entonces extender el rescate (es decir la adquisición de  inmuebles invendibles a precios “razonables”) a las inmobiliarias participadas por todas las entidades financieras, así como a las no participadas, en el caso contrario el problema seguiría existiendo, dinamitando la maniobra que el Gobierno desea implantar. Y en esta tesitura ¿Qué hará el Gobierno?¿Comprará a precios “razonables” solo aquellos inmuebles que se encuentren en propiedad de empresas inmobiliarias altamente endeudadas e insolventes?
La imagen de respeto por la libertad de mercado que, un Gobierno tan liberal como el que tenemos, pretende dar no se lo permitiría. E incluso existe el riesgo de que algún “tarugo” de la Unión Europea se percate de ello y nos cree algún problema.

Pues no se diga más, que  el “Banco Malo DeGuindos”, en el más estricto respeto por la libre competencia, compre “a precios razonables” todos los inmuebles invendibles de entidades financieras y de inmobiliarias.
Claro que la cosa no termina aquí. El Gobierno no podrá mantener el prestigio liberal si no tiene en cuenta  otro colectivo – que no por ser menor deja de tener importancia, en especial cualitativa -, como es el de los inversores particulares que adquirieron inmuebles para revenderlos. Según las estimaciones realizadas en los años 2006 y 2007 no menos de 400.000 pisos se vendieron a estos inversores.

No se puede hacer discriminación por razón de propiedad. Son agentes económicos que se mueven en el mismo mercado por lo que el Banco Malo DeGuindos deberá velar por sus intereses, que – como sucede con las entidades financieras y con las inmobiliarias – son los de todos los españoles, aunque no lo sepamos ver algunos, pero esto es atribuible a nuestra ignorancia y cerrazón. Estoy convencido de que este último punto lo van a entender perfectamente los miembros del Gabinete Rajoy, así como sus “expertos”,  ya que resulta más que probable que cuenten con parientes y amigos en este colectivo; algunos como consecuencia de los “sabios consejos” que quizás les dieron desde entidades como Lheman Brothers.

Nos van a endeudar a todos los españoles, en forma inversamente proporcional a nuestros respectivos patrimonios e ingresos, pero al menos tendremos la satisfacción de que se utilizarán criterios de equidad para no excluir ningún propietario afectado.

• ¿Qué sucederá con las familias desahuciadas de sus viviendas?
• ¡No me sea usted demagogo; esos no son inversores, no son instituciones económicas a preservar!