Vivimos en un país en el que más de tres millones y medio de personas trabajan en la Administración Pública, lo que equivale a un número muy parejo de Autónomos. Un país en el que la sensación que existe entre la sociedad, es que existen derechos pero pocas obligaciones, y en el que nadie parece darse cuenta de que la crisis aprieta, y la única receta que existe es la de apretarse el cinturón para salir adelante.

Eso es, precisamente, de lo que alertan ahora las empresas familiares cuando reclaman pasar de la “cultura de los derechos a la del esfuerzo”. Retomar la creencia de que, por encima de todo, está la satisfacción del deber cumplido y el arrimar el hombro en torno a un proyecto único que a todos beneficia. Una labor que involucra a varios actores al mismo tiempo: la sociedad, la empresa y la política.

Si todos ellos no están concienciados de la importancia que tienen que trabajen juntos, tal y como ocurrió en la época de los 80 con los Pactos de La Moncloa, no hay nada que hacer. Y por ahora no parece que eso vaya a ocurrir. La sociedad muestra su descontento en la calle sin que la política los escuche. Los políticos viven su particular guerra de guerrillas por el poder, sin fijarse en lo que pasan sus gobernados. Y mientras tanto, la crisis suma y sigue cobrándose víctimas que sólo esperan un poco de cordura para que haya un cambio que permita mirar al futuro con optimismo.