Si tenemos nuestro sistema financiero prácticamente en la ruina, y una buena parte de nuestro tejido productivo, es imposible que estas inversiones se produzcan sin una mayor facilidad de crédito. La banca ya advierte que esta facilidad no se va a producir en España al menos hasta el 2015. Y debemos pensar que se trata del comienzo de un incremento de financiación, nada que ver con los “tiempos alegres” donde los criterios de riesgo estaban demasiado relajados.

Dicha facilidad de crédito no se producirá si el gobierno no recupera la CREDIBILIDAD de la que ya hablé la semana pasada en este mismo medio. De las medidas que desarrolle nuestro gobierno a partir de ahora dependerá dicha CREDIBILIDAD. La medida de despedir a unos 300.000 empleados públicos (alrededor de un 10% del total, tal como pretende también Italia), como indican algunos medios, no me parece la medida más acertada por varios motivos (entre otros):

1. Da a entender a los inversores que la situación es dramática, mucho peor de lo que indican las informaciones oficiales. Justo lo que no necesitamos en estos momentos con la prima de riesgo rondando o por encima de los 500 puntos.

2. Se producirá un recorte adicional del consumo, no sólo por la reducción de la renta disponible de esas personas, sino por la incertidumbre que se incorporaría en el sistema.

3. En cualquier caso, no se produce un recorte inmediato del gasto público ya que esas personas (personal laboral) tienen derecho a percibir prestaciones por desempleo que se sufragan con dinero del contribuyente.

4. Los incrementos de la presión fiscal que está poniendo en práctica nuestro gobierno no conllevarían necesariamente una subida de la recaudación, más bien al contrario: una reducción importante del consumo produce una menor recaudación.

Sabemos que en el segundo trimestre de este año el ahorro neto de los españoles ha sido negativo, es decir, que estamos des-ahorrando, o tirando de nuestros ahorros para llegar a fin de mes. Esa situación es transitoria ya que los ahorros son finitos; pronto veremos que se producirá un incremento del ahorro, aunque sea de forma limitada, procedente de la reducción del consumo. Es el tiempo que los consumidores asumen que sus ahorros son finitos.

Y mientras el gobierno posiblemente reduzca de forma importante la masa laboral pública, no se toca, al menos que sepamos hasta ahora, la inasumible estructura administrativa del Estado, clave de la viabilidad de nuestra economía.

Una reducción de personal de forma importante como la planteada en medio de una maraña de municipios minúsculos (84% de ellos tiene menos de 5.000 habitantes) donde los empleados de uno no pueden ser desplazados a otro, por no se sabe qué extrañas normas o clientelismo. Lo mismo cabe decir entre comunidades autónomas o diputaciones. Una situación que desde el punto de vista de la eficiencia económica es un completo sinsentido. Dotar de recursos humanos los municipios donde sea necesario y reducirlos donde sean excedentarios es una solución que plantean las empresas medianamente eficientes; sin embargo, es una idea novedosa en el sector público español.

Por cierto, que no estaría mal que el Gobierno dejara de bloquear la formación de una comisión de investigación en el Parlamento para el caso Bankia, independientemente de las responsabilidades que se puedan dimanar por la vía judicial. Sería un síntoma de normalización democrática y sí una medida que sin duda ayudaría a recuperar la CREDIBILIDAD perdida.