Los promotores de esta idea la unen con la necesidad social de buscar soluciones a los desahucios por impagos hipotecarios. Un problema enorme sin duda pero que esconde o, al menos minusvalora, graves riesgos para nuestra economía, y además, esta iniciativa, en caso de ser aprobada, ni siquiera resuelve el problema de los desahucios. Pero vayamos por partes.

Por un lado, aclarar que la banca necesita tomar prestado fondos de sus propios clientes (los depósitos y productos de inversión), pero también de inversores nacionales o internacionales (que pueden ser otros bancos que a su vez recurren a los depósitos de sus clientes y recursos varios de productos financieros). Esos fondos son la contraprestación a diversos vehículos de inversión que tienen como garantía unos determinados activos que para el caso de las hipotecas se trata de la garantía personal con los bienes e ingresos presentes y futuros del prestatario. Con esta garantía explícita, los inversores prestan dinero bajo dichas condiciones referidas a plazos de amortización y precio. Lógicamente ambas condiciones variarán en función de las garantías aportadas.

Resulta que nuestro sistema financiero actualmente tiene emitidos alrededor de medio billón de euros en instrumentos hipotecarios titulizados (con garantía hipotecaria). Eso representa el 50% del PIB español. Por tanto, no se trata de una cantidad menor o de un asunto de poca relevancia. 
Lo que los promotores de una dación en pago con efecto retroactivo pretenden significa directamente una modificación sustancial en las condiciones que garantizan dichos instrumentos financieros. O dicho de otra manera, esta modificación significaría la total desaparición de la seguridad jurídica sobre nuestro sistema financiero, y sobre el Estado para nuestros prestamistas internacionales. Estaría servido con seguridad el colapso de nuestro sistema financiero y el total desprestigio de España como receptor de recursos prestados por inversores internacionales. Por tanto, se produciría un encarecimiento sustancial de nuestra financiación sea tanto la pública como los préstamos recibidos por nuestro sistema financiero (costes que luego se trasladarían a la economía productiva en forma de nuevo desempleo).

Por mucho que nos duela, amén de responsabilidades penales, si fuera el caso, contra gestores actuales o pasados de diversos bancos y cajas por sus gestiones fraudulentas, cuando no directamente delictivas, el colapso de nuestro sistema financiero conduciría a nuestra economía a un punto tal, que la actual crisis económica que sufrimos parecería un juego infantil.

Por si esto fuera poco, resulta que la propuesta de dación en pago con efecto retroactivo que nuestras señorías están debatiendo en estos momentos, ni siquiera conlleva resolver el dramático problema de los desahucios. Significa sólo que cualquiera puede cancelar su carga hipotecaria simplemente con la entrega del bien que garantiza el pago, la vivienda. Pero eso significa que esa persona y su familia igualmente se quedan sin techo. Existe la alternativa de alquilar otra vivienda, pero esa posibilidad ya la hay de todas formas.

Es más, si ahondamos en la cuestión, resulta que las miles de viviendas compradas por especuladores cortos de miras (las grandes y rentables operaciones especulativas no se realizan con garantías tan "comprometedoras") resolverían una mala "inversión" utilizando este vehículo.

También cualquiera que, aún perdiendo parte del gasto o "inversión" (según los casos), en este mercado, con este instrumento reduce su exposición para destinar esos recursos a otras operaciones, eliminando penalizaciones y trasladando éstas a unos inversores que utilizaron sus recursos en productos financieros caracterizados por pertenecer a un Estado con "seguridad jurídica" que ahora se pone en entredicho. Es más, sería una situación muy ventajosa incluso para familias holgadas financieramente que prefieren deshacerse de una vivienda si ésta tiene un valor de mercado inferior que su carga hipotecaria, pudiendo dirigirse de nuevo al mercado a adquirir una vivienda a menor precio. Se trata, como se ve, en un instrumento estupendo para la especulación inmobiliaria, aunque en el sentido inverso al que estamos acostumbrados: especulación inmobiliaria en un mercado bajista.

Se puede deducir que esta situación es pro-cíclica con la economía, que ayudará a acelerar la subida de precios cuando el mercado padezca ese mal y acelerará las bajadas justo en una situación bajista.

Para aquellos que piensen que esos "bienintencionados" inversores que compran títulos hipotecarios lo hacen asumiendo un riesgo, hay que indicar que es cierto, pero es correcto si las condiciones bajo las que operaron se mantienen sin modificación alguna. No hay que olvidar que una buena parte de esos inversores son incluso fondos de pensiones; nada que ver con “malvados” inversores especulativos. ¿Qué sentido tiene y qué justo puede ser el resultado de un partido si a mitad del tiempo se cambian las reglas del mismo de forma arbitraria?

Nadie que tenga un poco de corazón puede ser insensible al problema de las familias desahuciadas por impago de sus hipotecas, pero la dación en pago retroactiva no soluciona ese problema como hemos visto. El afectado entrega la vivienda a la entidad financiera y cancela la deuda, pero eso no le exime de tener que abandonar su casa.

En mi opinión, el problema a los desahucios debe pasar por legislar en el sentido de obligar a la banca, especialmente a la que ha recibido dinero del contribuyente, a permitir que el desahuciado permanezca en la casa temporalmente a cambio de una contraprestación por alquiler muy reducida, acorde a su nueva situación económica. Esquema que el legislador sí debería debatir.

Cualquier experimento orientado a diseñar una dación en pago retroactiva sólo pone en entredicho la solvencia de nuestro sistema financiero y socava nuestra seguridad jurídica. Justo lo que necesitamos si nuestro objetivo es llevar a nuestra economía al caos.

Manuel Caraballo Callero
Economista