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El estúpido reparto del déficit público

Hasta tal punto llega la discusión que el Presidente del Gobierno ha tenido que llamar a capítulo a los “barones regionales” para terminar con estas divergencias. Y todo ello sin pensar que cualquier déficit presente significa que de alguna u otra manera seremos los contribuyentes quienes tengamos que pagarlos en algún momento actual o futuro. Y de ello, precisamente, no se ocupan los medios de comunicación. Una pena que no tengamos cuarto poder en España, el que determina la calidad de una democracia, por cierto.

Sin ánimo de llegar a sesudas conclusiones en asuntos fiscales, me voy a limitar a exponer algunos gráficos que representan el estado actual de nuestra deuda pública.

El primer de todos, el que representa la deuda total del Reino de España, con los detalles de las cantidades correspondientes a la Administración Central del Estado, las Comunidades, los entes locales y la Seguridad Social. Sobra decirlo, pero el “subidón” espectacular desde mediados de 2008 no tiene parangón con ningún otro momento de nuestra historia reciente.

Por si esto fuera poco, las cada vez más abundantes empresas públicas creadas ex-profeso para responder al clientelismo político también incrementan de forma importante sus deudas, que finalmente, que no le quepa duda a nadie, serán pagadas con el dinero del contribuyente, proveniente de una cada vez mayor presión fiscal.

Y es Cataluña, en una información publicada recientemente usando datos del Banco de España, la comunidad que acapara el 50% del total de deuda de las empresas públicas autonómicas. Una acumulación procedente de sus 437 entidades públicas. Algo muy malo está pasando en Cataluña con los gestores públicos a la vista de estos resultados.

A finales de 2012 las entidades locales acumulaban un déficit de casi 42 mil millones de euros, lo que representa aproximadamente el 12% de la recaudación total de todas las administraciones en España. Y siguen pidiendo más.

Solicitar poder disponer de un mayor déficit significa ni más ni menos que los habitantes de tal o cual región deberán dedicar una parte mayor de sus ingresos ganados con su trabajo al pago de estos déficits, más los intereses correspondientes que han de ser abonados en cualquier financiación ajena.

Llama la atención la aceptación de estas solicitudes por parte de los ciudadanos. Parece como si el dinero prestado finalmente lo fuera a pagar otras personas. No conozco medio de comunicación que se haya hecho eco de este asunto. Una pena.

Manuel Caraballo Callero
Economista

P.D.: Doy las gracias a @Absolutexe (www.estadolimitado.com) a los que debo los gráficos de este post.