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Goirigolzarri no lo tendrá fácil

El tiempo de Goirigolzarri al frente de Bankia ha llegado. Hoy toma posesión de la entidad y de su matriz, BFA, con el objetivo de preparar cuanto antes su plan de saneamiento. Algo sobre lo que, desde luego, va a tener mucha tela que cortar. Para empezar, y a tenor de lo que podemos leer hoy en la prensa, tendrá que aclarar cuáles son las cuentas del Banco Financiero y de Ahorro, ya que su auditor –Deloitte- se habría encontrado con que los números están inflados.

Así que el primer paso para aclarar el futuro de la entidad –y del sistema financiero español- pasa por conocer la realidad de Bankia y BFA. Saber resultados reales, el ladrillo que tiene en cartera, las deudas. En definitiva, dejarla al desnudo por completo para que pueda ser transparente. Y a partir de ahí Goirigolzarri tendrá que establecer cómo va a devolver los 7.000 millones que le va a inyectar el Estado a través del FROB1. De momento, y a falta de conocer cómo va a aumentar los ingresos corrientes, ya sabemos que en su mente está la cartera industrial: Iberdrola, NH Hoteles, IAG, SOS, Indra, de dónde puede sacar un pico –aunque con minusvalías-.

No lo va a tener fácil el ex del BBVA al frente de la cuarta entidad española, todos los ojos están sobre él. Pero no podemos olvidar, sobre todo si se confirma que las cuentas de BFA están infladas, la responsabilidad del equipo gestor que ahora sale. Y mucho menos del Banco de España. Miguel Ángel Fernández Ordóñez que durante esta reforma financiera –y antes de empezarla- ha actuado con desdén y sin estar a la altura de lo que debe ser el papel de un auténtico supervisor nacional. Siempre al albur de los acontecimientos, y permitiendo uniones de hecho que, como se ha visto, no eran viables. A la vista estaba, salvo para los que estaban involucrados. MAFO y Rato, incluidos.

Además Gorigolzarri, al igual que el resto del sistema financiero, tendrá que hacer frente a los nuevos requerimientos del Ministerio de Economía a partir del viernes. Si nada cambia de aquí a entonces, el Gobierno va a exigir un nuevo proceso de saneamiento a base de provisiones para los créditos no dudosos. Un total de entre 20.000 y 40.000 millones, que serviría para que el saneamiento de los activos inmobiliarios supere los 75.000 millones de euros. Una medida que ha sentado como un auténtico jarro de agua fría en el sector, que ya alertan –y con razón- del efecto que eso tendrá sobre el sistema financiero. La primera consecuencia: el poco crédito que fluye ahora mismo, quedará literalmente cerrado.