En la época franquista, todos los resortes del poder estaban manejados por el Régimen, y lógicamente los que mandaban en las cajas de ahorros eran personas afines pero que no modificaron el “status quo” de estas instituciones, que siguieron “a lo suyo”, lo cual no obstaría para que alguno de los prebostes de la época retirara alguna cantidad en premio a sus servicios prestados. Baste comprobar que en la gran crisis bancaria de los años 70 y 80, cincuenta y ocho entidades quebraron, incluyendo las 17 del grupo Rumasa que fueron recolocadas entre el resto de los bancos, mientras que el Fondo de Garantía de Depósitos tuvo que hacerse cargo de las cuarenta y una restantes. De las 58 entidades, 47 fueron bancos y sólo 11 fueron caja de ahorros, casi todas de muy pequeña entidad.

Pero hete ahí que llegó la democracia, y a principios de los años 80 se abrió la espita de la apertura de oficinas, que antes estaba sometida a autorización por parte del Banco de España. Ni cortas ni perezosas, todas las entidades financieras se lanzaron a abrir oficinas hasta en las pedanías más recónditas de los montes, especialmente las cajas de ahorros, que decían que tenían “la labor social” de facilitar el acceso a los servicios bancarios a todos los españoles, y por ello “se salieron de su zona geográfica” y se pusieron a abrir oficinas en el resto del país, compitiendo con las demás cajas de cada zona, en una especie de “totum revolutum” que nos ha explotado en la cara en los últimos años. El resultado fue que en poco más de una década, en España había cuatro veces más oficinas bancarias por millón de habitantes que en Alemania, a pesar del diferente desarrollo de ambos países. La apertura de sucursales se hizo con bastante cabeza en los bancos que buscaban básicamente la cobertura geográfica y la rentabilidad de cada punto de venta. Sin embargo, las cajas de ahorros tiraban “con pólvora del rey”, ya que no tenían propietario, léase accionistas, a los que tener que rendir cuentas.

En paralelo, en las cajas de ahorros se fueron sustituyendo los prebostes del Régimen por nuevos directivos, que esta vez procedían de los partidos políticos, y que no tenían la menor experiencia financiera previa. Y es que la democracia duró lo que duró la Transición. Después se transformó rápidamente en una “partitocracia”, en la cual se creó la figura del “político profesional”. El político lo que quiere es poder y visibilidad, amén de una buen remuneración, y cómo conseguir sus objetivos como mandamás de una caja de ahorros; pues abriendo todavía más oficinas, creciendo fuera de su zona de influencia, comprando grandes paquetes de empresas cotizadas para que le nombren consejero y cobrar unas buenas dietas, financiando a título gratuito todo tipo de eventos a los que acudan figuras relevantes, etc., etc. En todo esto sólo faltaría conocer una cosa, quién paga. La respuesta la tendremos un poco más adelante: nosotros, los españoles.

En la década de los noventa y en los primeros años del siglo XXI, el incremento del volumen de negocio bancario de las cajas de ahorros fue espectacular, desbancando a los bancos y llegando a ser el 57% del sistema financiero nacional. Todo aquel que quería un crédito o una hipoteca podía ir tranquilamente a una caja de ahorros que se lo daban seguro. En paralelo, y por cumplir los objetivos de volumen, todos los directivos relevantes con los políticos a la cabeza se asignaban sueldos escandalosos, planes de pensiones vitalicios de enorme cuantía, etc., etc. Pero, como la caja de ahorros no tenía propietario, no hacia falta dar cuentas a nadie.

Nadie se fijaba en la calidad de los riesgos que se habían asumido; nadie fiscalizaba los salarios y los fondos de pensiones del equipo directivo; nadie se preocupaba por estudiar la capacidad de los gerentes para desarrollar sus funciones o el personal al que se fichaba, claramente elegido por su relación con los altos cargos o con los políticos dominantes en la región. El resultado, un cocktail explosivo que amenaza con llevarse por delante los otrora sólidos cimientos de la banca española.

Cuando llegó la crisis, todo el mundo se ha llamado a andanas; la responsabilidad siempre era de otros; el Banco de España echa la culpa a las Comunidades Autónomas, y estas al Banco de España. Los políticos hablan de profesionalizar las cajas, pero al día de hoy ya el 40% de los consejeros de las entidades resultantes de las nuevas fusiones son políticos, e incluso hay miembros de los sindicatos de “clase” en los consejos. Y mientras tanto, en las entidades que ha habido que nacionalizar se empiezan a destapar las primeras huellas del “saqueo”, puesto que los políticos o sus amigos que estaban a cargo de las entidades se han llevado decenas de millones de euros de indemnización por haber dejado quebrar a las cajas de ahorros que dirigían, que ahora tienen que ser reflotadas con dinero público a través del FROB, sin tener en cuenta las decenas de miles de millones de euros que el Estado ha avalado para que las cajas de ahorros puedan financiarse en los mercados de capitales con el “rating” del Estado, y que a lo mejor también tenemos que pagar todos los españoles en los próximos años. 

Y lo peor de todo, es que los protagonistas del saqueo se han ido de “rositas”. La legislación española es lo suficientemente liviana como para que hasta los que se han llevado diez millones de euros por barba en su salida de la entidad, se puedan quedar con ellos legalmente. Mientras tanto, el Banco de España, las Comunidades Autónomas y el Gobierno dan la callada por respuesta, y ni siquiera plantean un cambio legislativo por trámite de urgencia para evitar que este latrocinio pueda seguir produciéndose.

Parece como si los responsables de las cajas de ahorros tuvieran patente de corso, y no se pudiera dejar quebrar a ninguna caja de ahorros. En cualquier sector, si una empresa tiene problemas, presenta el procedimiento concursal, reduce su tamaño, despide a parte de sus trabajadores y si no es viable cierra; sin embargo, si la entidad es una caja de ahorros, se aporta todo el dinero público que haga falta, se mantiene a los empleados en el puesto, y se da aval del Estado a sus emisiones de bonos, permitiendo que sus directivos conserven sus puestos de trabajo y sus estupendos bonus, muy por encima de cualquier otro sector empresarial.

Como indique antes, la democracia sólo duró unos años. Desde hace dos décadas, cualquier parecido con un sistema en el que haya igualdad de oportunidades para todos, y que se trate a las entidades de la misma manera, es mera coincidencia.

Miguel Córdoba Bueno
Profesor de Economía Financiera
Universidad CEU-San Pablo