Nuestros gobernantes cometen un error propio de las “ratas de bibliotecas”, poco avezadas a la contemplación de la realidad.
Cuando un cazador dispara a un árbol cargado de pájaros, el resultado es que – independientemente del número de pájaros muertos – el árbol se queda vacio. Esto es algo que solo parece que se escapa a “nuestros expertos económicos oficiales”.
Cuando en un universo tan complejo como el de las relaciones entre Administraciones y administrados y entre consumidores y productores, se acomete una acción política que fuerza la desviación de recursos económicos de unos en beneficios de otros, los efectos deben evaluarse en función de las leyes de la pneuma economía, de la naturaleza de las relaciones económicas entre personas y de estas con las instituciones sociales y políticas.
Nuestros gobernantes parecen desconocer que si se retiran recursos económicos a los ciudadanos y a las empresas (incrementando el IVA, el IRPF, el IBI, el precio de los transportes públicos, etc.), en una situación de precariedad de recursos, sin proveer de mecanismos de retorno de dichos recursos a los mercados, en el corto o medio plazo, se provoca un empobrecimiento de la sociedad, con la consiguiente reducción de actividad económica, con la consecuente caída de la recaudación fiscal.
A esta conclusión llega el último informe publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), según el cual el Gobierno ha sobrestimado en un 45% lo que espera recaudar este año por la subida del IRPF que entró en vigor en enero de 2012 y en un 30% los ingresos que confía obtener tras el incremento del IVA a partir del 1 de septiembre de este año. Algo similar se producirá en el 2013 y el 2014, para los que se estima que las previsiones oficiales podrían estar sesgadas al alza en una cifra próxima al 30% (3.454 millones en 2013 y 2.990 millones al año siguiente).
Lo peor es que esta tendencia se alimenta a sí misma, en un círculo pernicioso que solo se puede romper rectificando las medidas adoptadas, elaborando políticas que alivien las cargas de los agentes económicos más competitivos, familias y empresas, animando su recuperación.
