Lo que si digo es que este no es el problema más urgente de nuestra estructura productiva.
Y es que nuestra estructura económica se encuentra absolutamente determinada por el hecho de que el 99,2% de nuestras 3.355.830 empresas tienen menos de 50 empleados (las microempresas – de 0 a 9 empleados – representan el 94,5% del tejido empresarial y las pequeñas empresas – de 10 a 49 empleados – representan un 4,7%), lo que supone el 53,2% de la masa laboral, sin contar a los autónomos.
Estos son datos del INE presentados en el 2011, y se citan expresamente en el preámbulo de la Reforma, pero esa es toda la presencia que, aparentemente, han tenido las pequeñas empresas y autónomos en la mente del redactor.
Las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos son los grandes protagonistas de nuestra economía y, por ello, del futuro de nuestro país – en el que están incluidas nuestras protegidas entidades financieras -, y encuentran su principal problema en la ausencia de financiación para hacer frente, no a sus inversiones que no pueden realizar, siquiera a sus gastos corrientes.
Este es el principal problema al que el actual Gobierno (siguiendo los pasos del anterior) no está dando respuesta, ni visos de para cuando la dará. Realizado este preámbulo obligado analicemos tres aspectos, entre otros posibles, de la nueva regulación laboral a la luz de los intereses de las pequeñas empresas:
1) La bonificación en la cuota empresarial en la contratación de jóvenes y mayores resulta interesante ya que se muestra como una reducción directa del coste de empresa, suponemos que descontándose mensualmente de los pagos de dicha cuota. Por el contrario el extraño sistema de contratación de “emprendedores”, menores de 30 años, contra prestaciones fiscales, claramente no está pensado en las pequeñas empresas, al menos no en la mayoría de ellas, que a duras penas producen beneficios suficientes como para materializar dicha bonificación, salvo que se les permita cobrarlo contra la retención del IVA, algo que entiendo no está contemplado.
2) El principio de formación mínima anual para los trabajadores está bastante bien en teoría, pero en la práctica resulta inviable para las pequeñas empresas y para los autónomos. Por un lado se encuentran con que los módulos existentes en el mercado no tienen, generalmente, interés practico para las necesidades concretas de la mayoría de estas empresas, y por otro precisan justificar una estructura absurda – para una empresa de 4 o 7 o 10 o 20 empleados – para poder cubrir ese compromiso dentro de la propia empresa. Como el anterior punto, este está pensado para medianas y grandes empresas, esas que constituyen el 0,8% de nuestro parque empresarial, con algo menos del 30% del empleo, si contamos a los autónomos, pero con gran poder de persuasión, como se está comprobando.
3) Finalmente el autónomo y las pequeñas empresas son las que más sufren los requerimientos, por parte de las distintas administraciones públicas, de cualquier tipo de documentación, no vinculada directamente con la actividad empresarial. Cinco horas perdidas en rellenar y presentar una instancia, porcentualmente con relación al número total de horas que se trabajan en la misma, supone un coste altísimo frente a las medianas y grandes empresas. En esta reforma no se simplifican los procedimientos, ni los tipos de contrato, se incrementan estos, así como los procedimientos, haciendo obligado el recurso al asesor externo, con el consiguiente incremento de coste. Se sigue burocratizando todo el proceso de contratación y solicitud de ayudas.
Por cierto ¿saben ustedes a cuánto asciende el número de asalariados despedidos por causas objetivas, en las empresas españolas, en los últimos años?, al 3,17% de las resoluciones de contrato. Y de ellas ¿saben cuantas corresponden a pequeñas empresas?, no llegan al 1%.
No, ciertamente esta Reforma no la han elaborado con la cabeza puesta en las necesidades de los autónomos y pequeñas empresas.
José Barta
Profesor de Estrategia para Mercados Hostiles
Presidente de Baral Internacional
