En consecuencia, a partir del 1 de Enero de 2012 se equipara la fiscalidad en el consumo del carburante que soportan las empresas transportistas, a la de los consumidores particulares. Sin embargo, se va a mantener la exención total de fiscalidad en los carburantes consumidos por otros sectores profesionales, como en la agricultura, la pesca, la minería e, incluso por otros sectores profesionales competidores con el transporte por carretera, como son los transportes ferroviarios, marítimos y aéreos, que no pagan ningún tipo de impuestos por el carburante que consumen.

Desde las asociaciones de transportistas, se viene denunciando permanentemente dicha situación de discriminación para el sector del transporte por carretera, ya que no hay motivos económicos o medioambientales que justifiquen dicho trato de favor.

Este incremento de la fiscalidad para los transportistas a partir del 1 de Enero, va a permitir al Ministerio de Hacienda obtener una recaudación  extraordinaria del sector del transporte por carretera, de alrededor de 250 millones de euros anuales, lo que sin duda ayudará a reducir el déficit público que soporta el Estado español.

Si ya en 2011 muchas empresas de transporte por carretera han desaparecido, al no poder subsistir ante la presión fiscal que viene padeciendo este sector, esta nueva fiscalidad sobre el carburante, que se ha empezado a aplicar a los transportistas por carretera, puede ser objeto de un golpe definitivo para que este colectivo no lo pueda asumir y tenga que echar el cierre de más empresas, con lo que ello supone de trabajadores en paro y pérdida de puestos de trabajo. Si a esto unimos la implantación de la “viñeta ecológica” en España y el aumento de precio de los peajes, la situación  va a ser insostenible en los próximos meses. Es de esperar que entre transportistas y el nuevo Gobierno, se busque una solución inmediata a este problema para el bien de todos.