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Spain is different, once again

La sentencia impone a la ONG una multa en concepto de costas por valor de 3.000 euros, ya que al parecer no existe una figura legal que ampare al ciudadano en su petición de conocer determinada información. Está en trámite, eso sí, una Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Pero por el momento es una legislación nonata, así que, con la Ley en la mano, no hay ley a la que rascar.

Para añadirle más cachondeo al tema y confirmar una vez más que somos un país de chirigota, la sentencia del Supremo regaña a la Administración por escudarse en el silencio administrativo para dar la callada por respuesta. Y si yo fuera el responsable de la ONG daría botes de alegría. He conseguido justo lo que quería. Que el fuego amigo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo pruebe que seguimos siendo un país oscurantista. El único en el mundo de más de un millón de habitantes donde el Acceso a la Información no está, todavía no, legislado como debería.