El tema es que por más que me empeño, no me imagino a las señoras y señores consejeros y directivos de Repsol acostándose cada noche pensando en poner parte de los dividendos de la empresa a disposición del Tesoro Público para ayudar a enjugar la deuda soberana. Que si lo hicieran pues entonces sí, el agravio podría ser considerado nacional. Pero hasta donde las escuelas de la economía correcta nos han enseñado, las empresas son empresas y lo que buscan son beneficios. No valores.

Lo que vale para justificar la inagotable y quizá legítima sed de ganancias de una corporación multinacional, debe valer también para contextualizar expropiaciones, y desposeerlas por tanto de espíritus patrioteros. Si no, es trampa. Y con trampas no se juega. Salvo que aceptemos que todos jugamos con trampas, y en ese caso no hay razón para exigir explicaciones a Kirchner, a Menem o Perico de los Palotes respecto a sus decisiones con las empresas privadas.

Y sirva lo anterior también para poner en la picota al Gobierno argentino. Tan escaso de miras es, sino más, rasgarse las vestiduras nacionales por una expropiación como dar un golpe de mano y disfrazarse de interventor general populista. Porque si algo ha hecho la Kirchner, como casi todos los de su estirpe profesional, es asegurarse el pan: ganar clientela, y seguir facturando a cuenta de la legitimidad democrática.