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DEBATE | La Ley de Costas

El pleno del Senado ha aprobado este miércoles el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible y de Modificación de la Ley de Costas con la mayoría del Partido Popular y la oposición de todos los grupos parlamentarios menos CiU, que se ha abstenido. Una normativa que para la mayoría de las formaciones y las organizaciones ecologistas, supone una desprotección del litoral, y sobre la que se crean conflicto de desigualdad entre las diferentes autonomías.

Se plantean por tanto una doble problemática: las zonas que se verán beneficiadas y la incertidumbre sobre si se verá incrementada o no la construcción en el litoral y la consecuente desprotección del medio. José Ramón Sánchez Moro, presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), considera fundamental distinguir  entre usos tradicionales pesqueros de las viviendas y lanza una pregunta hasta ahora imposible de contestar por la escasez de detalles: “¿Quiénes ganaran y cuanto con esta modificación?”.

Desde la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas su abogado, José Ortega, aclara que no es cierto que la servidumbre de protección haya bajado a 20 metros. A su juicio es un tema que “se está instrumentalizando para que ciertos núcleos (muy señalados) puedan edificar. No habrá una liberalización para construir, se aplica a las medidas ya construidas", advierte.

CONFLICTO AUTONÓMICO

Desde Galicia aseguran que es para bien, ya que podrían ser hasta 8000 viviendas gallegas las que podrían verse afectadas. Canarias, sin embargo, denuncia que se hace para salvar a unos determinados núcleos, olvidando a otros.

Miguel Ángel Pulido, ex Viceconsejero de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, asegura que esta ley no afronta de forma integral la regulación, sino que se trata de una modificación parcial, "un mal remiendo" que no hace frente a la problemática del litoral ni responde al objetivo de sostenibilidad. A su juicio no aporta ninguna novedad y supone “salvar a unos determinados núcleos olvidando a otros como los de Canarias”.

Desde Galicia, sin embargo, donde pueden verse beneficiadas 8.000 viviendas porque podrían ser legalizadas con esta modificación de la normativa, ven con optimismo la propuesta. “El plan de ordenación del litoral necesitaba de un régimen estatutario” que reconociera determinados aspectos, advierte Encarnación Rivas, secretaria general de Urbanismo de la Xunta de Galicia. A su juicio la repercusión de la ley en la autonomía define el carácter del asentamiento tradicional y no especulativo o turístico, sino vinculado a la explotación racional del recurso marítimo. Reclaman que el modelo tradicional de asentamiento sea reconocido e insisten en que se beneficiará a las construcciones ya realizadas.

DESPROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Por su parte, Ecologistas en Acción se muestra en contra de la modificación de la ley porque lejos de solucionar problemas, generará nuevos. Theo Oberhuber, coordinador de la confederación, reclama mayor transparencia en los objetivos de la normativa porque, a su juicio, no están basados “ni en criterios técnicos ni científicos”. A su juicio, y en contra de la opinión de los portavoces de algunos Gobiernos regionales, se incrementará la inversión del litoral. Recuerda que no se ha tenido en cuenta la lucha contra el cambio climático y la desprotección de los ecosistemas. “Cada vez que construimos generamos nuevos conflictos y problemas”.

Además denuncia que las administraciones, que durante las diferentes legislaturas, no han aplicado bien la ley. “Es un problema que quien decida finalmente sobre las costas españolas sea el Tribunal Constitucional”, ha asegurado.
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