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Expectación ante la Ley de Transparencia

A priori suena bien: habrá sanciones, conllevará una nueva ley de Partidos y una norma que garantizará el fortalecimiento del Tribunal de Cuentas, la regulación de los “lobbies” y medidas legislativas para “perseguir y sancionar la corrupción política”. Además, uno de los aspectos importantes resueltos en el debate en el Parlamento ha sido quién será el brazo ejecutor de esas sanciones: ya no será el ministro de Hacienda, tal y como proponía el Gobierno, sino que se creará una Autoridad independiente. Además nacerá un portal de transparencia. Sin duda es una ley que genera grandes expectativas pero ante la que los expertos se muestran reticentes y prefieren esperar a leer la letra pequeña.

Victoria Anderica, coordinadora de campaña de Acces Info Europe, se muestra cauta hasta conocer el detalle de la normativa, porque ha tenido un largo recorrido desde que se presentara el texto en junio del año 2012. “Se dice que se incluirá a la Casa Real y a los partidos políticos pero no sabemos cómo, que es lo realmente importante”.  Unas dudas infundadas si se tiene en cuenta el anuncio del Gobierno por el que advierte de que se incluirán los organismos que tengan financiación pública “relevante”

Dudas compartidas por Inés Calderón, editora de sueldospublicos.com, quien aunque cree que es positivo que el Gobierno tenga intención de llevar a cabo esta ley hay aspectos que se van a realizar en “normas venideras y no sabemos cuándo llegará de forma efectiva del control de la administración”. Por ello, apuesta por esperar y ver cómo se van a aplicar ciertos aspectos de la ley.

Mucho más optimista se muestran desde Transparencia Internacional, desde dónde creen que se está iniciando un hecho “sin precedentes” y supone un “éxito para la mejora de la calidad democrática de España”, advierte Jesus Sánchez Lambas, miembro del Comité Ejecutivo de la organización.

El controlador controlado

La figura que más escepticismo suscita es la  del Consejo de Transparencia y la Autoridad Independiente que será la que aplique las infracciones y sanciones (finalmente no serán impuestas por el ministro de Hacienda tal y como había propuesto el Gobierno). Se duda de “cómo de independiente será”, pues se ha complicado la tramitación de la norma al mezclar términos como transparencia y buen Gobierno, asegura Anderica.

Otro de los puntos importantes por resolver, y de los que todavía no hay respuesta, es el relacionado al derecho a la información. Durante el debate de la ley este 30 de mayo, el Gobierno ha dejado claro que no es un derecho fundamental, pese a que  desde 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos así lo reconoce. En este punto Sánchez Lambas duda de la aplicación del derecho como tal. “Aunque las constituciones de tercera generación incorporan como derecho fundamental el derecho a la información no se llega a aplicar”, advierte.

Desde Sueldospublicos.com recuerdan que, mientras tanto, el ciudadano no tiene acceso a informaciones fundamentales como el gasto público, los contratos complementarios, las obras suplementarias o las concesiones. “Los contratos deberían publicarse en el portal de Transparencia para que todos los ciudadanos estemos al corriente”.

Los expertos apuestan por pedir los mayores cambios posibles, ser exigentes ahora que en principio las autoridades se muestran dispuestas a consensuar y dialogar. Pero la actitud del Gobierno y los actores implicados deber ir más allá: “Incluir a los partidos políticos, ha sido ganar una pequeña batalla pero no hay que olvidar que el proceso es mucho más grande”, recuerda Anderica.

Transparencia Internacional reconoce que ha habido un largo periodo de consulta con la sociedad civil, y se ha trabajado de forma intensa para escuchar al ciudadano, pero cree que en el ámbito de la justicia deberían hacerse esfuerzos para ver “cómo se va a poder cumplir esta ley”. Desde el punto de vista más optimista, Sánchez Lambas cree que puede conllevar “ una gran desarrollo empresarial, por la actividad que genera el acceso a la información de datos”.

A la cola en Europa

Calderón considera que vamos con retraso en comparación con otros países de Europa debido a la reticencia por parte de las propias instituciones por el fuerte cambio institucional que supone."La aprobamos después de Malta y ahora sólo quedan Chipre y Luxemburgo”, recuerda Anderica .

Es importante para el ciudadano saber cuánto gasta la administración, pero sobre todo conocer la justificación: el cómo se está gastando el dinero de todos los españoles.