Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, ha llegado en taxi a la Audiencia Nacional media hora antes de su declaración ante el juez Pablo Ruz, que le preguntará si cobró «comisiones ilegales» a cambio de su intermediación en la adjudicación de contratos públicos que habrían camuflado como supuestos trabajos de asesoría.

El compareciente, que vestía traje y llevaba gafas de sol, ha entrado en la sede judicial unos minutos antes de las nueve y media de la mañana en compañía de su abogado, Cristóbal Martell, y otra persona.

El magistrado, que atribuye indiciariamente a Pujol Ferrusola y su esposa, Mercè Gironés, un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública, realizará este interrogatorio en el marco de la causa en la que investiga pagos por al menos ocho millones de euros que el matrimonio habría recibido de sociedades que fueron adjudicatarias de contratos públicos en Cataluña.

Ruz investiga, según un auto dictado en febrero pasado, las transacciones que 17 empresas del ámbito de la construcción y los servicios que «directa o indirectamente» declararon «ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña» realizaron a las sociedades Iniciatives, Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Active Translation e Iberoamericana de Business and Marketing, propiedad de Pujol Ferrusola y su esposa.