El Gobierno aprueba el recurso de inconstitucionalidad en el que se pide la «inmediata suspensión» de la resolución de independencia

Ya no hay marcha atrás. La ‘locura independentista’ de Artur Mas tiene las horas contadas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para informar de la aprobación en Consejo de Ministros extraordinario del recurso de inconstitucionalidad  en el que se pide la «inmediata suspensión» de la resolución de independencia aprobada el pasado lunes en el Parlament de Catalunya.

Rajoy ha sido contundente y ha afirmado que con dicha resolución «se está quebrando todo, se está pretendiendo liquidar la unidad de una nación con más de cinco siglos de historia, se está pretendiendo liquidar la soberanía nacional, privar a los ciudadanos españoles, de toda España, del derecho a decidir sobre su país…».

Un «desafío en toda regla a la Ley, al Estado de Derecho, a la Democracia y a los derechos fundamentales de los ciudadanos» frente al que el Gobierno va a actuar «con firmeza y proporcionalidad». Y así seguirá haciéndolo en caso de desacato una vez conocida la resolución, si bien ha destacado «me gustaría que el último paso sea el que hemos tomado hoy».

El recurso, que ha sido presentado a las 11:30 ante el Tribunal Constitucional, por la abogada general del Estado Marta Silva, se ha planteado desde una perspectiva que «va más allá de la vulneración de las estructuras políticas», alegando además «la vulneración del propio Estatuto de Autonomía», han detallado fuentes próximas al Gobierno. Además se pide la notificación personal de las decisiones que tome el Alto Tribunal a “quienes tienen la responsabilidad de aplicarlas” explicaba el Presidente del Gobierno. Con esto se apunta, entre otros a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y al presidente en funciones, Artur Mas… “todos ellos tienen que asumir su responsabilidad”. En este sentido Rajoy ha puntualizado que «el problema lo están creando algunos dirigentes catalanes», no los ciudadanos.

Cabe recordar que dicho recurso cuenta con el aval del Consejo de Estado, que ayer mismo aprobaba por unanimidad el informe en el que se explicita que la resolución del Parlament «implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española» y «su declarada insumisión a las instituciones del Estado».

A partir de ahora queda esperar. Los plazos que se barajan para conocer la sentencia son de apenas 24 horas y el jueves podría producirse el pronunciamiento del TC. A partir de ahí se notificará a la Generalitat, que tras recibir la misiva tendrá un plazo de 20 días hábiles para realizar las correspondientes alegaciones. Desde ese momento se abre el plazo de cinco meses para conocer la sentencia definitiva.

Paso previo

El recurso de inconstitucionalidad es uno más de los pasos que el Gobierno tiene ya previstos en su hoja de ruta. Paralelamente. Y es que tal y como adelantaba el propio Presidente el lunes en Béjar, se puede emplear «toda la Ley» al objeto de frenar el desafío. De hecho el pasado viernes el Alto Tribunal, acordaba de forma unánime, mantener la suspensión cautelar sobre el Decreto de la Ley de Hacienda Catalana, emitida en julio de este año, así como por el que se dio luz verde al Comisionado para la Transición Nacional. Decisión que se justifica por considerarse cuestiones «de gran relieve constitucional que aconsejan ratificar la suspensión durante el tiempo indispensable para la resolución de la impugnación interpuesta».

Por otra parte, el Ejecutivo no dudará en llevar a sus máximos efectos lo dispuesto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si se incumplen con los objetivos de déficit y deuda, previstos para este año, así como con los plazos de pago a proveedores establecidos por ley. Una vez constatada la inobsevancia el Gobierno estaría en condiciones de enviar a un comité de expertos para analizar y supervisar las cuentas de la Generalitat. Una ‘troika’ que además tendrá potestad para determinar las pautas a seguir por la Hacienda catalana.

Avances todos ellos con los que se pretender ir minando, paso a paso, al frente independentista «mismo asunto, distintas actuaciones», explican fuentes próximas a Moncloa.

«Unidad, legalidad y política»

Lejos de separar la ‘locura independentista’ de Artur Mas ha conseguido lo que hasta ahora parecía una utopía. La totalidad de los partidos democráticos de España, encabezados por Partido Popular y PSOE reman juntos y al son del una misma voz.

Ayer mismo, Mariano Rajoy se reunía en Moncloa y por segunda vez en menos de diez días, con el secretario general y líder del PSOE, Pedro Sánchez  para darle cuenta del informe que se encuentra ya encima de la mesa del Tribunal Constitucional y de los pasos a dar ante el ya anunciado desacato.

Sánchez, trasladó el «apoyo» al recurso Algo que va más allá de un derecho y frente al desafío soberanista se convierte para el Estado en «una obligación y un deber para restaurar la legalidad democrática y hacer cumplir la constitución».

Además insistió en el  «compromiso del partido socialista con la democracia, con el estado de derecho y con la defensa de las libertades» de los ciudadanos que residen en Cataluña y ven «colonizados susderechos» por una decisión que «no obedece al mandato de las urnas del pasado 27 de septiembre».

En este sentido ambos líderes van a mantener un «canal abierto» de comunicación y celebrarán «todas la reuniones que hagan falta» con el objetivo de frenar ‘la locura independentista’ de Artur Mas y dar así «una respuesta coordinada que se rija sobre el principio de proporcionalidad».

Otro de los acuerdos a los que, según se deduce de las palabras secretario general de los socialistas, habría llegado sería el de mantener un entente cordial respecto a la cuestión catalana durante la campaña electoral».

Un remar juntos PP-PSOE que pasa por dar «una solución política a una crisis política» a partir del próximo de 21 de diciembre y que culminaría en un pacto para la reforma de la Carta Magna.