Ahora bien, las estaciones de servicio jugaron durante mucho tiempo con el precio del carburante. En concreto, la Comisión Nacional de Mercado y Competencia (CNMC) ha multado a Cepsa y Repsol por no eliminar en determinadas estaciones de servicio una serie de prácticas comerciales en 2009 que restringen la competencia. Lo que hacían estas dos compañías, según la CNMC, era pactar una fijación indirecta de precios. De esta forma, dos de las petroleras más importantes de España fueron multadas a mediados del pasado mes con 8,75 millones de euros por esta práctica ilegal. Pero, ¿en realidad es ilegal?
Diario Financiero no ha podido contactar la Comisión Nacional de Mercados y Competencias para conocer su visión sobre este asunto. Lo mismo pasó con Cepsa que incluso nos cortaron la llamada hasta en tres ocasiones. Sin embargo, sí pudimos hacerlo con Mario Fernández, Consejero Externo Independiente de Repsol, quien afirmó que la empresa va a “recurrir ante la Audiencia Nacional”, igual que han hecho en ocasiones anteriores por distintas multas impuestas por la Comisión hacia la compañía. Desde la petrolera, insisten en que lo que han hecho “es una norma legal” y que la multa “demuestra el deprecio de la CNMC a la legalidad”. Repsol es positiva y está segura de que ganarán el recurso presentado ante la Audiencia Nacional.
Mientras el Gobierno responde a la petrolera con malas noticias
Las malas noticias aumentan para una de las petroleras más importantes que operan en España. El Gobierno presentó el miércoles 18 una parte de las enmiendas a la Ley de Hidrocarburos. Esta modificación en la ley propone limitar al 30 por ciento la cuota de venta de las petroleras. Para vigilar esta práctica, la Dirección General de Política Energética publicaría cada año un listado con las petroleras que superen este porcentaje, quienes se podrán enfrentar a multas de 300 millones de euros.
La más perjudicada por esta enmienda es Repsol, que no podrá reorganizar sus estaciones de servicio con el fin de no pasarse del porcentaje estipulado por el Gobierno. Las petroleras no están de acuerdo con esta medida porque “deberían haberse conocido antes de realizar las elevadísimas inversiones que llevan haciendo en las refinerías en los últimos años”.
