Rivero considera que el Gobierno «amordaza» a los ciudadanos que quieren expresar su opinión

El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha sostenido este lunes que el Gobierno «amordaza» a los ciudadanos que quieren expresar su opinión, en referencia a las prospecciones petrolíferas en su comunidad y el proceso soberanista catalán, y sobre el conflicto en Canarias, ha considerado que existe connivencia del Ejecutivo con la empresa Repsol.

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, Rivero ha recordado que Canarias planteó un referéndum sobre las prospecciones que fue rechazado por el Gobierno y después, una consulta, que fue recurrida aunque que cree que «respetaba el ordenamiento jurídico», por lo que este lunes publicarán los resultados de una macroencuesta realizada por dos universidades canarias y que ha augurado que mostrará el rechazo a las prospecciones.

Rivero ha asegurado que su Gobierno «va a seguir peleando en todos los frentes, jurídicos, sociales y políticos, para impedir este abuso, este atropello por el que el Gobierno español sigue tratando a Canarias como a una colonia del siglo pasado».

Por ello, ha reclamado diálogo, lealtad y respeto institucional y dejar atrás «las viejas formas del PP de gobernar sin diálogo y poniendo las decisiones importantes en manos de la Justicia», después de que la consulta sobre las prospecciones se llevara ante el Tribunal Constitucional (TC).

CRISIS TERRITORIAL

Ha incidido en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no debería tomar decisiones en contra de un territorio, su parlamento y la opinión mayoritaria de la población de una comunidad, y ha alertado de que «puede deteriorar gravemente las relaciones de los canarios con España».

«O el Gobierno de España se aplica en cuestiones territoriales y se centra en resolver una cuestión que no se va a arreglar solo dejando pasar el tiempo, o las cosas se sabe cómo empieza pero no cómo acaban», ha añadido.

Preguntado sobre el 9N, ha valorado que es un error cómo lo ha abordado el Gobierno central: «Está generando más problema intentar amordazar a los ciudadanos a dejar que se puedan expresar», ha indicado.