El 94% no exige indemnización en caso de retrasos o impago por miedo

Saltarse la norma a la torera, una frase que parece haberse escrito ad hoc para muchas empresas españolas -en su mayoría grandes- que incumplen reiteradamente con los plazos de pago a proveedores. Y para más inri lo hacen con premeditación y alevosía.

Siete de cada diez proveedores -concretamente el 72 por ciento y en su mayoría pymes y autónomos- se ven forzados a firmar contratos con plazos de pago superiores a los 60 días de máximo establecidos por la Ley 15/2010 sobre medidas de lucha contra la morosidad. Así lo ha denunciado esta mañana la Plataforma Multisectorial de lucha contra la Morosidad (PMcM) durante la presentación del Estudio sobre comportamientos de pago 2015. Una mala praxis que convierte a dichos contratos en «nulos de pleno derecho», explicaba Antoni Cañete, presidente de la Plataforma.

Como en el largometraje ‘La Dictadura perfecta’ del mexicano Luis Estrada, son las grandes empresas las que vulneran de forma sistemática lo establecido por Ley, debido a «su posición de dominio y a la pasividad del Gobierno», que ya en 2013 se comprometió por primera vez a desarrollar un régimen sancionador para evitar este tipo de conductas abusivas. Tres años después no se ha escrito ni un sólo párrafo, y más de las tres cuartas partes de los proveedores que trabajan para el sector privado cobran sus facturas en 85 días de media (25 por encima de lo legal). Periodo que, no obstante, mejora en 4 días respecto a 2014, donde había que esperar 89 jornadas, y que para Cañete «debe proceder del esfuerzo de las empresas de menor tamaño, ya que las cotizadas y las empresas del IBEX 35, triplican de media el plazo legal establecido». 

No ocurre lo mismo con el sector público, donde parecen haber surtido efecto las presiones que se han recibido desde Bruselas, y el PMP (Periodo Medio de Pago a Proveedores) ha pasado de los 162 días en 2011 a los 75 que se registraron el año pasado. Sin embargo el esfuerzo de los últimos 4 años no es suficiente y la Administración Pública debe ajustarse a los 30 días que se establecen en la normativa. De hecho tal y como adelantamos en Diario Financiero el pasado 01 de febrero “el procedimiento de infracción iniciado contra España en junio de 2015 sigue abierto”, y el país está sometido a «vigilancia y observación hasta finales de 2016».

Así y de continuarse incumpliendo, no sólo nos veremos obligados a pagar una multa ‘a la europea’ sino que será, junto al incumplimiento del déficit, una traba más para salir del procedimiento de déficit excesivo en el que España está inmersa.

Más allá de las «anomalías» lo preocupante es que el 83 por ciento de los proveedores no han exigido nunca o casi nunca intereses de demora, y que el 94 por ciento tampoco exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago lo que se explica, según Cañete, «más por el miedo que por el desconocimiento».

Cifras en las que también se incluiría a la Administración que, precisamente y según informaba ayer el diario Expansión, y ratificaba hoy la PMcM el próximo mes de mayo podría tener que hacer frente al pago de 3.000 millones de euros para «liquidar los intereses de demora devengados» por haber pagado tarde y mal a sus proveedores.

El agujero vendría a instancias de la sentencia que se espera emita el próximo mes de mayo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De ser favorable a las empresas y autónomos que trabajan para las AAPP, algo que «es muy probable», ésta resultará «vinculante», explicaba el presidente de la Plataforma. Procede aclarar que el fallo vendrá motivado por una consulta que presentada por el Juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Murcia, sobre si la renuncia expresa al cobro de intereses, a la que obliga el artículo 9.2 del RD 4/2012, iba contra Ley.

Bajan los impagos

Desde el inicio de la crisis han sido más de 500.000 empresas las que se han visto abocadas al cierre dado la morosidad por lo que «debe acabarse cuanto antes con esta lacra». Para ello es necesario desarrollo del ya mencionado régimen sancionador que incorpore multas lo suficientemente representativas para que se produzca un verdadero efecto disuasorio. En este sentido el presidente de la PMcM aclaraba que «todos los grupos políticos se han comprometido, de una u otra manera a llevarlo en su hoja de ruta». Propuesta que, cabe recordar, también se ha incorporado en el acuerdo firmado entre PSOE y C’s. Sin embargo, «habrá que ver qué pasa y si todo se queda en una réplica de las buenas palabras pero ningún hecho que hemos tenido hasta ahora», y añadía «es muy difícil que no se tomen medidas si queremos tener un país del siglo XXI».

Pendientes de que el precepto con el conjunto de sanciones vea o no la luz, lo cierto es que desde la Plataforma «valoramos de forma positiva las políticas públicas que se han puesto en marcha», entre ellas la modificación de la Ley de Contratos del sector público, con la que se da potestad a los órganos de contratación para exigir la acreditación de los plazos medios de pago (PMP) a las grandes empresas  que quieran contratar con la administración. Medida que pese a lo potestativo en su inicio se estudia implementar en los Ayuntamientos de Barcelona y Madrid.

Por otra parte y entre las relativas buenas noticias que se desprenden de la lectura del informe destaca la de la caída de 1,3 puntos del ratio de impagados, algo «trascendental para que no cierren las empresas», aclaraba Cañete.