El exsocio de Iñaki Urdangarin al frente del Instituto Nóos, Diego Torres, ha interpuesto un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Baleares contra la decisión del juez José Castro de no admitir a trámite su petición de nulidad del auto de apertura de juicio oral, con el que el magistrado acordó el pasado mes de diciembre sentar en el banquillo a un total de 17 acusados. El abogado de Torres, Manuel González Peeters, ha decidido así acudir a la Audiencia para que ésta decida si debe ser tramitada su solicitud, que fue rechazada por Castro al aseverar que su resolución no incurre en ningún supuesto de le lleve a ser declarado nulo.
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción solicita 16 años y medio de cárcel para Torres, al considerar que, junto a Urdangarin, urdió y lideró una trama en torno al Instituto Nóos con la que ambos lograron acceder a los fondos manejados por las Administraciones eludiendo los requisitos exigidos por las normativas de contratación pública, apoderándose de este modo de hasta 6,2 millones de euros de las arcas de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.
Sin embargo, el exsocio del Duque de Palma defiende que la labor que realizó en Nóos la llevó a cabo en la confianza de que «los servicios de inteligencia del Estado» y su «ejército de asesores» velaban «por la bondad de todo cuanto se acometía», tal y como puso de manifiesto en uno de los escritos presentados ante el juez Castro durante la instrucción.
La defensa recalca por tanto que los hechos que se le imputan no merecen reproche penal alguno. «Ninguna tacha de ilicitud cabe reprochar al quehacer de mis representados, que siempre ha sido par con el ordenamiento jurídico», incidía en alusión tanto a Torres como a la mujer de éste, Ana María Tejeiro, ambos imputados en el caso Nóos.
En otro escrito, el abogado defendía en esta línea la gestión llevada a cabo por Torres al frente del Instituto puesto que «absolutamente nada de aquello en lo que intervino» el Duque de Palma, «directa o indirectamente, estaba dejado de la mano», sino que «todo se hacía con luz y taquígrafos, y estaba velado, validado, autorizado, auspiciado, consentido, conocido, consolidado y demás por los más altos y prestigiosos asesores del Estado». Así, incidía en que al existir «un exquisito y escrupuloso seguimiento de todo», para sus representados «ni por asomo era posible colegir la existencia de sombra de opacidad alguna».
González Peeters niega que su patrocinado se concertara con Urdangarin con el «infamante ánimo» de rentabilizar económicamente «hasta donde les fuera posible» la influencia derivada del parentesco del Duque «con la denominada Casa Real», rechazando en esta línea que ambos, puestos de común acuerdo, construyesen un entramado societario «preordenado» a un supuesto desvío de los fondos obtenidos de las Administraciones públicas.
EUROPA PRESS
