El Tribunal de Cuentas teme que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) esté pagando «prestaciones fraudulentas» como consecuencia de la ineficacia de su gestión, su «falta de previsión» y la carencia estructural de personal que sufre desde hace años. Así consta en el ‘Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones abonadas por el Fogasa, ejercicio 2013.
Según el documento, a 31 de diciembre de 2013 existían 221.384 expedientes pendientes de resolver, un 67% más que un año antes y un 295% por encima de la cifra de 2007. En el mismo periodo, la plantilla del Fondo sólo se incrementó un 0,07%.
Esto elevó a 201,52 días el plazo medio de resolución de cada expediente, muy lejos de los tres meses previstos legalmente y por encima de los 185,47 días que se marcaron en 2012. Las unidades más «colapsadas» fueron Barcelona (395 días), Madrid (379 días) y Valencia (354 días).
Según el Tribunal de Cuentas, esta acumulación de expedientes «no es consecuencia de un hecho económico aislado y concreto, sino del incremento de empresas que han venido desapareciendo durante varios ejercicios», lo que a su juicio «denota una falta de previsión» del Fogasa, que «debería haber adoptado medidas urgentes y extraordinarias para paliar los efectos del progresivo y predecible aumento de solicitudes».
MALA GESTIÓN DE LOS FONDOS
En estas circunstancias, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda cree que la falta de personal conlleva un «importante riesgo de extravío de documentación» y de «defectos y demoras» en los expedientes, pero además teme que se estén pagando prestaciones de forma «fraudulenta» y sin ningún control efectivo.
Y es que a la falta de datos estadísticos completos y precisos sobre concursos, juicios o situación laboral de los trabajadores, se suma que el número de letrados es «insuficiente» y que no hay un procedimiento homogéneo para decidir a qué juicios asisten, sino que «cada uno decide discrecionalmente, sin justificar los motivos de su no asistencia».
De hecho, la asistencia a los juicios indirectos apenas llegó al 30% entre 2012 y 2013 –en unidades como las de Badajoz, Castellón, Jaén o Tarragona el dato no llega al 2%–, pese a que el 56% de los casos en los que sí se personaron acabaron con sentencias favorables al Fondo.
Esto supone que se están abonando prestaciones que, en caso de oposición del Fogasa, no se estarían pagando, ya que se podría haber alegado situaciones como que el trabajador no estaba de alta en la Seguridad Social –en 2013 se reconocieron prestaciones a 1.117 trabajadores en estas circunstancias por valor de 5,55 millones–, porque al existir un fraude el trabajador habría desistido de su demanda, o por tratarse de una empresa ficticia –caso de 65 trabajadores que recibieron 413.596 euros del Fondo–, entre otros motivos.
Por otra parte, el 75% de los expedientes aprobados en 2013 (118.863) superaron el plazo máximo legal permitido, lo que puede ser causa de demanda, y en 7.409 casos se denegó la prestación cuando debería haberse aplicado el silencio administrativo positivo, que de hecho se reconoció en un centenar de solicitudes.
Además, las argumentaciones de hechos y fundamentos de derecho utilizadas en las resoluciones son «escasas y genéricas», lo que también «podría devenir en una falta de motivación» de la actuación administrativa, con la consecuente presentación de demanda por parte del trabajador.
Por otra parte, la falta de comunicación del Fogasa con el Servicio Público de Empleo Estatal ha permitido que algunos trabajadores estén cobrando prestaciones por duplicado, y tampoco se están remitiendo adecuada y homogéneamente a la Agencia Tributaria (AEAT) los casos de deudas por subrogación para su cobro.
De hecho, el Tribunal cifra en 7 millones de euros el saldo de los 174.804 empresarios deudores por subrogación del Fogasa en 2013, cuando el índice de cobro de esas deudas ascendió a apenas el 1,5% (el 0,2% en caso de personas físicas). En cuanto a los cobros por vía ejecutiva tampoco fueron muy efectivos, ya que el ejercicio fiscalizado cerró con 11,11 millones de deuda de once deudores sin cobrar.
CONTRATACIÓN DE TRAGSA
Para corregir la acumulación de expedientes, en agosto de 2013 el Fogasa puso en marcha el Proyecto GRETA, para el que realizó una encomienda de gestión a la empresa pública Tragsa por casi 3,27 millones de euros.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas cree que este contrato «no debió aceptarse desde el punto de vista de la legalidad vigente» ya que entre las actividades concretas que Tragsa puede realizar no se cuenta ninguna administrativa, sino relacionadas con trabajos agrícolas, ganaderos o medioambientales.
De hecho, aunque los empleados de Tragsa debían destinarse únicamente al tratamiento de expedientes, el organismo fiscalizador cree que existen «indicios de extralimitación de dichas funciones», lo que podría suponer una vulneración, entre otras, de la Ley de Protección de Datos.
«Los empleados de la empresa pública están realizando la instrucción de expedientes de prestaciones de garantía salarial sin tener reconocida legalmente la competencia para ello, por lo que los actos de reconocimiento y denegación de las prestaciones podrían adolecer de anulabilidad», llega a afirmar.
También apunta otros defectos, como la alteración en el orden de resolución de expedientes, el riesgo de que no se hayan cumplido todos los requisitos legales en la instrucción, una «dilatación innecesaria» de los plazos ante la inexperiencia de los empleados de Tragsa, la carencia de información de esta empresa respecto de empresas ficticias o la falta de garantías en estos expedientes, que sólo fueron visados por funcionarios del Fondo en un «mero trámite formal» debido al volumen de trabajo que soportan.
MALA GESTIÓN ECONÓMICA
Además, la encomienda fue «antieconómica» para el Fogasa, ya que el número medio mensual de expedientes aprobados en 2013 sin la colaboración de Tragsa fue un 22% superior a la media de expedientes aprobados ya con la participación de la empresa pública, y el coste medio de los casos asumidos por ésta resultó un 1.077% superior al de los que tramitaron funcionarios del Fondo.
De hecho, el coste final de la encomienda de gestión «será muy superior» a los 3,27 millones previstos tanto si se tienen en cuenta costes indirectos (tiempo en formación, asesoramiento, selección de expedientes a tramitar por Tragsa) como si sólo se valoran los costes directos, ya que si el trabajo lo hubieran realizado los propios funcionarios habría costado apenas 274.281 euros, un 91,6% menos, según el Tribunal.
Y todo pese a tratarse de una solución meramente temporal, ya que el Tribunal duda de que esta encomienda vaya a solucionar el «colapso» que sufre el Fogasa porque el número de expedientes a resolver se incrementó un 11% durante el año pasado, pese a la colaboración de Tragsa.
Por otra parte, se teme que el Fogasa sea inviable financieramente, dado que ante la «insuficiente dotación» de los últimos ejercicios, la mayor parte de sus ingresos ha provenido de la venta de títulos de deuda pública, que «previsiblemente» se habrán liquidado en su totalidad» en 2014.
El Tribunal critica que desde su anterior informe sobre el Fogasa, de 2001, no se hayan solucionado deficiencias señaladas como la «insuficiente» normativa para la gestión de los ingresos, la creación de una unidad que revise «eficientemente» los expedientes y que coordine a los letrados, o una carga de trabajo «desproporcionada» para la plantilla, un tema con el que la Secretaría de Estado de Empleo está de acuerdo pero que, según sus alegaciones, no abordará hasta que regularizar la situación del Fondo.
EUROPA PRESS
