200 familias con restos en el Valle de los Caídos se oponen a la ley de Calvo: “Enfrenta más que une”

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El presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, Pablo Linares, asegura que las 212 familias que forman parte de esta organización consideran que el proyecto de Ley de Memoria Democrática del Gobierno de España es “una sinrazón” y “enfrenta más que une”.

Así lo aseguró en declaraciones a Servimedia desde su perspectiva de “nieto de un trabajador republicano de ese lugar”. “Concebimos el Valle de los Caídos como un lugar de paz, reconciliación y concordia, y con estas actitudes se logra todo lo contrario, enfrentar al pueblo español, que ya se encontraba en vías de reconciliación después de 80 años”, agregó.

“Es una sinranzón dentro de una larga lista de sinrazones que están acometiendo con respecto al Valle de los Caídos. La intención es decir cómo tenemos que pensar”, expuso Linares, que instó al Ejecutivo a que pregunte a la ciudadanía su opinión sobre el asunto. “Si nos preguntasen sería muy unánime la opinión de que el Gobierno debería ceñirse a arreglar los problemas acuciantes actuales, como la pandemia y todo lo que tiene acarreado”.

Por ello, el presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos revindicó que las familias a las que representa tienen “mucho que decir”, por lo que insistió en que “no quieren que toquen los restos de los seres queridos enterrados allí”.

RESPETO

En relación a ello, reclamó “el mismo respeto” también para 2.400 familias de asesinados en la guerra civil cuyos restos están entremezclados en osarios con los de dos que se están buscando también por petición de sus familias.

Por ello, anunció acciones a nivel nacional e internacional para reclamar que se respete “el derecho fundamental de dejar a los muertos descansar en paz”. “No nos negamos que tengan los restos de los suyos”, dijo pero matizó que también otras familias reclaman que no se toquen los de sus seres queridos para someterlos a análisis forenses.

Respecto a la posible expulsión de la comunidad de benedictinos presente en las instalaciones desde hace décadas, Linares subrayó que “sólo el hecho de plantearlo crea un precedente gravísimo”. “Dios no quiera que una decisión gubernamental acabe en la expulsión de los religiosos”, lamentó.

 

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