El acuerdo preliminar entra dentro de la estrategia europea de 2010 para este asunto

El ministerio de Industria, Energía y Turismo ha alcanzado un acuerdo preliminar con la Comisión Europea para el cierre de las minas de carbón no competitivas en España, según ha confirmado en nota de prensa el mismo ejecutivo.

Una decisión que tiene su origen en el año 2010, cuando los estados miembros aprobaron la directiva europea pertinente de ayudas para este cometido. A través de esta regulación, por otra parte, se limitan los apoyos, y las posibilidades de estos, por parte de las naciones comunitarias a este tipo de recintos con el objetivo de lograr un cierre ordenado hasta el 31 de diciembre de 2018.

Pero, de vuelta al documento actual, este también autorizaría el Plan de la Minería del Carbón 2013-2018, firmado aquel año por los sindicatos, la asociación española de empresas productoras de carbón y el propio ministerio. Sin embargo, el proyecto de ayuda estaba pendiente de la autorización comunitaria.

El acuerdo preliminar también incluya una autorización de incentivo adicional para las compañías dedicadas a este negocio hasta finales de 2018.

Carbón poco competitivo

En los últimos meses el precio del carbón en los mercados internacionales ha seguido una tendencia decreciente que ha provocado la consiguiente pérdida de competitividad del carbón nacional frente al importado, lo que agrava más aún la situación del sector.

El incentivo adicional se establecerá anualmente en función de la diferencia entre el precio internacional y el precio que había en 2013, cuando el Plan de Cierre fue adoptado. De esta manera, las empresas mineras se verán compensadas por la caída imprevista del precio internacional.

En 2016, esta ayuda adicional a la producción supondría un incremento de 10 euros por tonelada, lo que implica duplicar las ayudas previstas con la normativa actual. En el caso de la minería subterránea pasaría de 15 euros por tonelada a 25,y en el caso de la minería a cielo abierto, que actualmente no recibe ayudas, pasaría a cobrar 10 euros por cada tonelada.

Diario Financiero