El Congreso vota hoy la Ley de startups tras aprobar más de 70 enmiendas que no afectan a los incentivos

El Debate Sobre La Factura De La Luz Abre El Primer Pleno Del Gobierno Del Nuevo Curso Político En El Congreso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 15 de septiembre de 2021, en Madrid, (España). En esta sesión, la primera del nuevo curso político, el Gobierno deberá responder a la pregunta del PP sobre la subida del recibo de la luz, y sobre qué planes tiene para reducirlo. Un importe que ha ido marcando nuevos récords y que este mismo miércoles marca un máximo histórico con 172,78 euros megavatio hora (MWh). Asimismo, el Ejecutivo será cuestionado sobre las razones que le han motivado para suspender la inversión de 1.700 millones de euros para el proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona El Prat-Josep Tarradellas. 15 SEPTIEMBRE 2021;LUZ;RECIBO;SESION DE CONTROL;GOBIERNO Eduardo Parra / Europa Press 15/9/2021

El Congreso vota este jueves el proyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, la conocida como ‘Ley de startups’, tras aprobar más de 70 enmiendas a la norma, si bien ninguno afecta al régimen de incentivos fiscales previsto por el Gobierno.

La iniciativa llega a la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pero al estar avocada al Pleno del Congreso deberá someterse a otra ronda de votaciones en el Hemiciclo para ser aprobada y enviada al Senado.

Hasta ahora, el Gobierno ha pactado cambios, principalmente con Cs (13), Junts (4), PP (3), Esquerra Republicana (3) y PDeCAT (3), y otras 27 enmiendas transaccionales con estos grupos, además de otras 19 pactadas entre PSOE y Unidas Podemos.

SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO E INCLUSIÓN DE COOPERATIVAS

Estos cambios han servido para incorporar a las cooperativas al régimen de empresas emergentes, permitir el silencio administrativo positivo en el reconocimiento por parte de la Enisa (Empresa Nacional de Innovacion, S.A.) de una ‘startup’ o la profundización de los criterios a la hora de evaluar el grado de innovación y de escalabilidad de un negocio.

Otros cambios reconocen la capacidad de la Agencia Tributaria para comprobar si se cumplen y mantienen vigentes los requisitos necesarios para beneficiarse a los incentivos fiscales y eleva el umbral de la penalización prevista para revertir estos beneficios cuando haya una condena a uno de los socios, que sólo se aplicaría si el condenado cuenta con, al menos, un 5% del capital.

Por otro lado, se equipara el acceso a los beneficios por profesional altamente cualificado para personas con estudios de formación profesional y se eliminan los requisitos a las empresas para contar con estos trabajadores y se amplía un año más, hasta un total de dos, el permiso previsto para que estudiantes extranjeros de educación superior puedan encontrar empleo o iniciar un proyecto empresarial una vez concluyan sus estudios.

FIN A LA EXENCIÓN DE ARANCELES EN REGISTRO Y NOTARIO

Sin embargo, ninguno de los cambios alteran el régimen de beneficios fiscales contemplado en el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros, con una fiscalidad más favorable tanto para las empresas como para los trabajadores.

Lejos de ampliar estos incentivos, los grupos han acordado acabar con la exención de los aranceles notariales o registrales prevista para los emprendedores que se acojan al Estatuto de empresas emergentes y completaran su tramitación de forma telemática.

Según el cambio introducido, al que ha tenido acceso Europa Press, los aranceles notariales y registrales tendrán para estas empresas un coste de 60 y 40 euros, respectivamente, siempre y cuando el capital social de la empresa no alcance los 3.100 euros. El cambio tiene origen en una enmienda del PDeCAT, y también había sido propuesto por Vox.

INFORME DE TRANSPARENCIA FISCAL Y SUPERVISIÓN DE ALGORITMOS

Por otro lado, la norma también ha servido al Gobierno para impulsar dos cambios legales ajenos a la nueva normativa de ‘startups’, como son la trasposición de la directiva de transparencia fiscal para las multinacionales y la creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (IA).

En el primero de los casos, se obliga a toda empresa dominante de un grupo que supere 750 millones de euros en ingresos anuales a detallar información separada por cada Estado miembro en el que opere sobre sus ingresos, el importe de beneficios o pérdidas antes de impuestos, o el importe del impuesto abonado.

Respecto a la nueva agencia, se contempla entre sus objetivos la supervisión de la puesta en marcha, uso o comercialización de sistemas que incluyan IA y, especialmente, aquellos que puedan suponer riesgos significativos para la salud, seguridad y los derechos fundamentales, y su capacidad inspectora y sancionadora.

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