Bélgica ha elevado ya a cerca de 840 millones de euros sus embargos a España por el impago de los laudos arbitrales derivados del recorte retroactivo a las renovables, según informaron en un encuentro con la prensa el equipo jurídico de los acreedores.

En concreto, este importe total incautado afecta a los pagos que recibe mensualmente España vía la empresa pública Enaire por parte de Eurocontrol, en concepto de gestión de tráfico aéreo, y refleja la acumulación de distintas órdenes de embargo dictadas para la resolver las deudas de casos como Eurus Energy (grupo Toyota), RREFF u Operafund.

Las mismas fuentes precisaron que, ante estas medidas de presión para instar al pago de las indemnizaciones para resarcir el daño causado con la retirada retroactiva de las primas, España habría propuesto consignar las cantidades reclamadas en una cuenta de depósito judicial en Bélgica -procedimiento conocido como ‘escrow’-, pero aún no habría accedido a pagar directamente a los inversores, ya que el fin de la Abogacía del Estado sería lograr el levantamiento de estos embargos y evitar que se sigan acumulando nuevos importes bloquedados.

CONSIGNACIÓN.

Con esta maniobra, subrayaron que el objetivo de España sería reducir el monto bloqueado hasta unos 250 millones de euros, aunque estimaron que el mero hecho de ofrecerse a realizar esta consignación a cambio de liberar los 840 millones de euros retenidos «debilita los argumentos de inmunidad esgrimidos por España, al asumir en la práctica la validez de las medidas de ejecución sobre estos activos».

Además, consideraron que la decisión de depositar el dinero cuestiona la tesis mantenida por el Gobierno español en relación con la normativa europea sobre ‘ayudas de Estado’, que había sido utilizada como base para justificar la negativa a pagar los laudos.

No obstante, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recordaron que el sistema procesal belga permite el embargo ex parte de activos, sin previa audiencia al Estado, lo cual exige que el Estado recurra para levantar los embargos acordados vulnerando el derecho de la Unión Europea y que en los procedimientos iniciados por España para levantar los embargos, cuenta con el apoyo de la Comisión Europea.

A este respecto, señalaron que la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra Bélgica por permitir el reconocimiento de laudos arbitrales dictados contra España, con vulneración de las normas de Ayudas de Estado, que se encuentra en fase de dictamen motivado y que, debido a que los tribunales belgas se encuentran sujetos al cumplimiento del derecho de la Unión Europea, igual que España, confían en que respeten el derecho de la Unión Europea.

Sobre la consignación efectuada por España, el gabinete dirigido por Sara Aagesen precisó que tiene como objetivo salvaguardar la seguridad del tráfico aéreo español, recuperando el flujo ordinario de las transferencias que Eurocontrol efectúa a Enaire, y que se ha efectuado con expresa reserva de derechos, lo cual supone que no se renuncia ni se debilita ninguno de los argumentos esgrimido por España, «tanto los relacionados con la inmunidad de ejecución de los bienes ni los relacionados con la vulneración de las normas sobre Ayudas de Estado».

LOS ACREEDORES ESTIMAN LA DEUDA EN MÁS DE 2.310 MILLONES.

En esta ‘batalla’ judicial de más de una década por los recortes a las renovables que se llevaron a cabo por los gobiernos de Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, España acumula un total de 27 laudos perdidos pendientes de pago, con una deuda que supera los 2.310 millones de euros, incluyendo sobrecostes financieros y legales, según estimaron los acreedores.

Hace casi un año, España accedió a pagar más de 30 millones de euros a la japonesa JGC por un lado dictado en 2021, en el único que se ha saldado con el abono de alguna compensación.

A este respecto, los acreedores reclaman al Gobierno español un acuerdo satisfactorio como el de JGC, ya que consideran que se trata del «único camino» para restaurar la credibilidad internacional del país y reforzar la seguridad jurídica para las inversiones internacionales.

Así, advierten de que, en caso de que no se logre una solución, España «seguirá sufriendo más derrotas judiciales y nuevos embargos de sus bienes y activos.

DISTINTOS FRENTES ABIERTOS.

Dentro de esta cascada de frentes abiertos en los distintos tribunales internacionales, los acreedores recientemente lograron el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos), que prevén proceder próximamente a su subasta pública como medida compensatoria.

También en Estados Unidos suman ya siete sentencias judiciales sobre las que no cabe recurso y que imponen a España la obligación de pagar indemnizaciones por valor de 688 millones de euros. Asimismo, en este país, ante los incumplimientos reiterados del Estado, han iniciado procedimientos de descubrimiento de activos del Estado español que afectan, por ejemplo, a la operativa de la selección española en el próximo Mundial de Fútbol de este verano.

Igualmente, en el Reino Unido, la Justicia británica ha ratificado que España es un país deudor y que debe pagar sus deudas si quiere evitar los embargos de bienes y activos que se han venido plantenado en las islas. En este caso, la decisión del Tribunal Supremo del país es definitiva, por lo que no cabe recurso y a lo largo de 2026 se esperan nuevos avances por parte de los acreedores allí.

Por otra parte, en Australia, el Tribunal Supremo se pronunció en la misma línea, reconociendo cuatro denuncias valoradas en 469 millones de euros. Asimismo, el Tribunal Supremo de Singapur también ha fallado en el mismo sentido, reconociendo un primer laudo contra España, valorado en más de 100 millones de euros.

Con relación a estos otros asuntos abiertos, fuentes del Ministerio, que aseguraron que los ejecutantes no son las empresas afectadas sino un fondo, Blasket, «cuya actividad se limita a comprar laudos contra España y tratar de ejecutarlos en el extranjero», indicaron respecto al embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, que igualmente se ha producido sin audiencia al Estado español y que se va a recurrir judicialmente para levantarlo y paralizar la subasta.

Respecto a los procedimientos en Estados Unidos, defendieron que las sentencias dictadas en primera instancia reconociendo laudos son susceptibles de recurso y todas ellas han sido apeladas. Así, señalaron que España tiene pendiente un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos que, de prosperar, significaría que los laudos no pueden ser ni reconocidos ni ejecutados en EEUU.

En lo referente a la afección sobre selección en el Mundial de fútbol, fuentes del Ministerio afirmaron que los procedimientos en curso tienen como objetivo la búsqueda de información, «por lo que no afectan a la operativa de España y menos aún de la Federación española de Futbol, a través de la selección española, al ser una entidad independiente del Estado».