El gigante tecnológico chino Alibaba ha interpuesto una demanda contra el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, así como contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros funcionarios estadounidenses, después de ser incluida a principios de junio en la lista de «empresas militares chinas» del Pentágono y ha solicitado judicialmente la anulación de este registro.

En su demanda ante el Tribunal del Distrito Norte de California División de San José, Alibaba denuncia que, el pasado 8 de junio, el Departamento de Defensa calificó a Alibaba como «empresa militar china» (CMC, por sus siglas en inglés) basándose en sus determinaciones de que está «indirectamente afiliada» a la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales de China (SASAC), y de que es un «colaborador de la fusión civil-militar de la base industrial de defensa china» porque está afiliada al Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT).

A este respecto, la plataforma china de comercio electrónico considera que tales determinaciones «carecen de fundamento fáctico o jurídico», ya que Alibaba Group Holding Limited es propiedad de una amplia base de accionistas públicos, subrayando que, desde principios de 2025, los únicos inversores que poseen al menos un 5% son tres entidades financieras estadounidenses.

Asimismo, la compañía defiende que está gobernada por un consejo de administración independiente, ninguno de cuyos miembros tiene afiliación militar, mientras que sus productos y servicios están diseñados para el comercio minorista, la logística y la tecnología de la información empresarial, no para armas, defensa o labores de inteligencia, al tiempo que sus contratos y controles de cumplimiento prohíben expresamente el uso militar.

De hecho, alega que no posee certificaciones ni licencias militares y carece de relación alguna con la SASAC y su única conexión con el MIIT es el cumplimiento regulatorio ordinario que toda empresa tecnológica que opera en China, algo que también afecta a muchas compañías estadounidenses, por lo que tal vinculación no es diferente de la que Alibaba mantiene con organismos gubernamentales de los Estados Unidos.

Por otro lado, Alibaba denuncia que el Pentágono tampoco alcanzó su conclusión mediante un proceso justo y nunca respondió a las reclamaciones de información de la empresa, que fue designada finalmente en junio sin una explicación sustantiva.

Sobre esta designación, la compañía china lamenta que la consecuencias «son inmediatas», incluyendo legislación, normas, reglamentos y órdenes ejecutivas, y su efecto «ya se está haciendo sentir», puesto que representantes que han trabajado con Alibaba durante años han informado a la empresa de que ya no pueden hacerlo.

«La designación, por tanto, no solo impone costes comerciales, sino que priva a Alibaba de su capacidad para expresarse, para dirigirse al Gobierno a través de sus representantes elegidos y para asociarse con otros a fin de promover o defender su posición», expone la empresa, para la que el daño reputacional y comercial «es tangible y no puede revertirse».

De tal modo, Alibaba solicita al Tribunal que declare la designación ilegal y la revoque por ser «arbitraria y caprichosa», exceder la autoridad legal del Departamento de Defensa y ser contraria a la Constitución de Estados Unidos.

Además de Alibaba, el Departamento de Defensa de EEUU señaló también como «empresas militares chinas» a compañías tecnológicas chinas como Baidu o Tencent, así como a los fabricantes de vehículos eléctricos como BYD y NIO, elevando a un total de 188 las entidades del gigante asiático designadas en la lista 1260H bajo la Ley de Autorización de Defensa Nacional William M. (Mac) Thornberry.