China ha criticado duramente la reciente multa de 550 millones de euros sobre AliExpress impuesta por la Comisión Europea por no tomar las medidas necesarias para impedir la venta de productos ilegales, fraudulentos y peligrosos, y ha instado a Bruselas a que deje de tomar medidas contra empresas chinas.
«China insta a la UE a que deje de abusar de su poder discrecional explotando la ambigüedad de las disposiciones legales y a que trate a las empresas chinas con equidad y justicia», ha sostenido un portavoz del Ministerio de Comercio chino.
Las autoridades chinas han tomado nota de la situación y han mostrado su «profunda insatisfacción y seria preocupación» ante la sanción impuesta sobre la plataforma comercial, perteneciente al gigante chino del comercio electrónico Alibaba.
«China se opone firmemente al uso que hace la UE de la regulación de plataformas como pretexto para erigir barreras digitales y adoptar medidas discriminatorias que restrinjan y repriman las operaciones normales de las empresas chinas de comercio electrónico en Europa», ha señalado el portavoz chino.
De esta manera, el Gobierno chino ha sostenido que apoyará «firmemente» a las empresas chinas que tomen la vía legal para «proteger sus derechos» y tomará «medidas enérgicas» con el objetivo de salvaguardar sus intereses «con determinación».
Además de la sanción, Bruselas otorgó un plazo de tres meses a Aliexpress para presentar al Ejecutivo comunitario un «plan de acción» con medidas correctoras con las que «evaluar y mitigar los riesgos sistémicos» de su actividad y, en caso de persistir en sus prácticas, se enfrentará a una multa mayor.
En concreto, la Comisión Europea considera que AliExpress incumple sus obligaciones de evaluación de riesgo, por ejemplo, por no contar con el personal necesario para revisar los productos comercializados y no tener en cuenta «de forma realista la desproporción» entre el número de moderadores contratados y la carga de trabajo que asumen. El sistema de moderadores también falla a la hora de detectar artículos fraudulentos que aparecen y reaparecen con formatos similares.
El caso se remonta a marzo de 2024, cuando los servicios comunitarios iniciaron la investigación formal contra la plataforma online de bajo coste por permitir la venta de productos peligrosos para el consumidor, como medicamentos falsificados o complementos dietéticos, y la compra de material pornográfico por parte de menores.
