La Comisión Europea ha impuesto este jueves una multa de 890 millones de euros por abuso de posición dominante a Google por favorecer a sus propios servicios en las búsquedas realizadas desde su plataforma y por dificultar que otros desarrolladores puedan redirigir a los consumidores a canales de compra alternativos –y con frecuencia más baratos–, en contra de las obligaciones que establece la Ley europea de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés).
«Los mejores productos deben triunfar por su calidad, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el buscador. Además, los consumidores europeos tienen derecho a que los desarrolladores de aplicaciones les informen sobre dónde acceder a las mejores ofertas, incluso cuando el propietario de la tienda de aplicaciones no reciba ninguna comisión», ha defendido la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de competencia, Teresa Ribera, en un comunicado.
Ribera ha explicado así las dos decisiones paralelas por las que Bruselas impone medidas «decisivas pero equilibradas» a la tecnológica estadounidense y que suman la sanción de 890 millones de euros, que corresponde, por una parte, a la ventaja abusiva de sus servicios en los resultados de búsqueda (460 millones) y, por otra, a las barreras para que los desarrolladores de aplicaciones informaran a los usuarios sobre opciones de descarga alternativas a Google Play Store (430 millones).
La vicepresidenta comunitaria encargada de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, por su parte, ha detallado que la investigación ha permitido «constatar que Google perjudica a las empresas que ofrecen servicios similares, como compras o deportes, al no otorgarles la misma visibilidad en la Búsqueda de Google».
«También hemos constatado que Google ha restringido a los desarrolladores de aplicaciones la posibilidad de ofrecer ofertas más económicas a los clientes en la tienda de aplicaciones Google Play», ha añadido, para después avisar de que la compañía «debe poner fin a este incumplimiento y abstenerse de repetirlo en el futuro» porque las sanciones anunciadas este jueves envían un «mensaje claro» respecto a que Bruselas «no dudará» en utilizar sus instrumentos «para proteger las oportunidades de negocio e innovación que ofrece la Ley de Mercados Digitales».
La compañía tiene ahora un plazo de 60 días para corregir las irregularidades sancionadas por la Comisión Europea o se expondrá a una nueva sanción periódica por incumplimiento de hasta el 5% de su facturación mundial total.
