La gasolina y el diésel acumulan subidas del 30,7% y del 34,4%, respectivamente, desde el inicio de la guerra de Irán el pasado 28 de febrero, según la OCU, que reclama más medidas y de tipo estructural, así como una «estrecha vigilancia» de la evolución de los precios.

En concreto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que, entre el 28 de febrero y el 28 de septiembre, el precio medio de la gasolina ha pasado de 1,48 euros por litro a 1,935 euros, lo que supone un incremento acumulado del 30,7%, y que el diésel ha aumentado desde 1,437 euros hasta 1,931 euros por litro, lo que representa una subida del 34,4%.

Esto sucede a pesar de las medidas aplicadas por el Gobierno –una rebaja aproximada de 24 céntimos por litro y una reducción cercana a los seis céntimos para la gasolina–, cuya «utilidad» para amortiguar el impacto inmediato de la crisis reconoce la OCU.

Sin embargo, «el actual marco inflacionario obliga a avanzar hacia nuevas estrategias estructurales, sobre todo teniendo en cuenta que es poco probable que los precios vuelvan a los valores del año pasado», afirma este jueves en un comunicado.

Por ello, considera «necesarias medidas adicionales», como ayudas directas a los hogares –teniendo en cuenta el nivel de renta y el peso del gasto en carburantes en el presupuesto familiar–, reforzar el transporte público, potenciar la movilidad compartida e impulsar puntos de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos, así como vigilar que las bajadas de las cotizaciones de los carburantes «se trasladen igual de rápido que las subidas».

Respecto a este último punto, pide una «estrecha vigilancia» de la evolución de los precios para «garantizar la transparencia del mercado».

«La actual situación evidencia la necesidad de combinar medidas de alivio inmediato con políticas estructurales orientadas a reforzar la sostenibilidad, la eficiencia energética y la resiliencia de los hogares frente a futuras crisis», afirma la OCU.

En ese sentido, llama a actuar con criterios de «equidad, transparencia y seguridad económica», con especial atención a los colectivos más vulnerables y alternativas de movilidad «accesibles, seguras y respetuosas con el medio ambiente», con el fin de proteger el poder adquisitivo de las familias.

Por otra parte, estima que el ahorro en algunas zonas entre las gasolineras más caras y las más baratas puede alcanzar los 300 euros al año.