Las guerras, opinar de forma distinta o profesar otra religión. Esas son las principales razones que han obligado a que 45 millones de personas en todo el mundo hayan tenido que abandonar su hogar. En el mejor de los casos buscan otro lugar donde vivir en su mismo país. Les llaman desplazados internos. Otros muchos cruzan la frontera y se convierten en refugiados. Y algo así, nos podría pasar a cualquiera. Así lo ha explicado, en una entrevista en Gestiona Radio, María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España. “Los refugiados son gente formada, con mucha valía”, recuerda.
El 22 de abril se cumplieron 60 años desde que entrara en vigor la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU, aprobada 3 años antes, y piedra angular para la protección de las personas que se ven obligadas a dejar todo atrás. El texto establece que un refugiado tiene derecho a no ser expulsado, excepto bajo ciertas condiciones, y a no ser castigado por entrada ilegal en un país firmante. Pero desde ACNUR denuncian que esto se incumple. “Hay países receptores que a muchos refugiados los detienen cuando llegan como si fueran delincuentes”, explica Vega.
Vega señala que el 81% de los refugiados llegan a países en vías de desarrollo. En cambio, entrar en un país desarrollado es cada vez es más difícil. “Se blindan más. Hay visados de entrada o de tránsito cuando se va a un tercer país. Las fronteras son cada vez más altas y los mecanismos de entrada regulares menores”, afirma la portavoz de ACNUR en España. María Jesús Vega es especialmente crítica con algunas de las situaciones vividas en el Mediterráneo, “una de las fronteras más peligrosas”. “Más de 700 personas se ahogaron el año pasado. Se ponen en manos de gente sin escrúpulos, mafias, que les sangran y les prometen que llegaran a un lugar seguro donde a veces no son bien recibidos y son países firmantes de la convención”, destaca.
Vega reconoce que “es legítimo que los gobiernos puedan controlar sus fronteras” pero recuerda que también deben incorporar mecanismos que permitan proteger a quienes vienen huyendo de lugares en los que su vida corre peligro. “Entre quienes llegan a España hay inmigrantes económicos, gente que busca un futuro mejor, pero también refugiados. Hay que estudiar sus peticiones”, sentencia.
En este sentido, Vega recuerda que las llamadas “devoluciones en caliente” no se ajustan a la Convención del 51. “El no permitir que la gente que necesita protección internacional pueda acceder al procedimiento de asilo y que su petición sea estudiada es una violación del Estatuto, pero también podría serlo de la legislación nacional española y otras directivas europeas”, recuerda.
