Según denuncia ADICAE, estas dos operadoras de telefonía (Vodafone y Jazztel) están cobrando entre 1,21 euros por remitir a los usuarios las facturas en papel, práctica que en julio de 2013 fue calificada «como abusiva ya en 2013 por el Instituto Nacional del Consumo», según las mismas fuentes.

Por este motivo, ADICAE ha pedido a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición la paralización de este abuso y que «ordenen la devolución inmediata y generalizada a los consumidores de las cantidades indebidamente cobradas».

Insisten los servicios jurídicos de la asociación, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios publicada en el BOE el Viernes 28 de marzo prohíbe expresamente esta práctica en su artículo 63. Concretamente el BOE cita en el «Artículo 60 ter. Cargos por la utilización de medios de pago» que los usuarios tienen derecho a recibir en papel las facturas pero «no podrá quedar condicionado al pago de cantidad económica alguna», reza la publicación.

También dice el Boletín Oficial del Estado que «la expedición de la factura electrónica estará condicionada a que el empresario haya obtenido previamente el consentimiento expreso del consumidor».