El Gobierno realizará las transferencias «de oficio» a partir del próximo 16 de octubre
«No hay ningún estado miembro de la Unión Europea que haya adoptado tantas medidas para el apoyo de su sector lácteo como el Gobierno español». De este modo la ministra de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, Isabel García Tejerina, anunciaba la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto Ley por el que se regula la concesión directa de «ayudas de mínimis» al sector lácteo.
Las arduas negociaciones con Bruselas han dado como resultado el blindaje de 300 millones de euros al año para los ganaderos de aquí hasta 2020. Importe que además de los 250 millones de euros de ayudas y subvenciones de la Política Agrícola Común (PAC) incorpora 20 millones adicionales que recibirán tanto los propietarios de las explotaciones cuyos ingresos sean inferiores a los costes de producción, como aquellos que, aunque no incurran en pérdidas, estén en situación de especial vulnerabilidad económica. A esta partida hay que sumar los 25,5 millones de euros (más del doble que la concedida en la crisis de 2009) y que se repartirán entre todos los ganaderos independientemente de cuál sea su situación económica. El objetivo es que «ninguna explotación por esta coyuntura de bajos precios tenga que cerrar y abandonar la actividad», ha enfatizado.
García Tejerina ha explicado que los pagos se realizarán «de oficio», es decir que será el Estado quien trasferirá directamente el dinero a los productores de leche. Será a partir del 16 de noviembre cuando empiecen a abonarse los 300 euros por vaca -hasta el máximo de 10.000 euros- a las explotaciones en pérdidas, así como los 110 euros para aquellas en las que habiéndose realizado «inversiones de modernización» se encuentren en el límite de su rentabilidad.
Según las estimaciones del Gobierno serán 5.600 las explotaciones las que se beneficiarán de estas ayudas. De ellas 1.700 recibirán las de mayor cuantía y las 3.900 restantes las de importe inferior. La intención del Gobierno es hacer público en las próximas semanas el listado de posibles beneficiarios al que se podrá acceder desde la página web del Ministerio de Agricultura.
Esfuerzo y acuerdos
Desde que en abril de 2014 tomó el relevo a su antecesor Miguel Arias Cañete, la ministra de Agricultura no ha cejado en su empeño de hacer efectivas «tantas medidas que sean legalmente posibles, movilizando la política comunitaria y sumando voluntades para conseguir un sector lácteo sostenible».
Así, y además de los frutos obtenidos en las negociaciones con los miembros de la Comisión, el pasado miércoles 23 se formalizó el acuerdo entre productores, industria y distribución para la estabilidad y sostenibilidad del sector lácteo y del que, a instancias de todos los actores, será garante el propio Ministerio de Agricultura. Así se recoge en el texto al que ha tenido acceso Diario Financiero.
Mediante este pacto además de «valorizar» leche y lácteos impidiendo el uso de «medidas concretas que impidan su uso como productos reclamo», los firmantes, entre los que se encuentran nombres como Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour o el Grupo Día, se comprometen a elaborar un «contrato – tipo de compraventa de leche» en el que se establezcan precios y volúmenes de compra que garanticen la sostenibilidad de las explotaciones.
Además, el acuerdo supone una herramienta de autorregulación en materia de transparencia, ya que todos los agentes se obligan a facilitar al Ministerio la evolución de los precios netos de cesión y venta.
A pesar de la oposición al acuerdo que han manifestado algunas asociaciones y cooperativas que representan al sector como COAG (Cooperativa de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) o Upa (Unión Pequeños Agricultores y Ganaderos), fuentes del ministerio explican que «el acuerdo al que se ha llegado mejora lo que nos solicitaron durante la primera crisis del sector, en la que sólo pedían conversaciones con los distribuidores».
