Isabel García Tejerina descarta que las irregularidades paralicen la ejecución de los proyectos en desarrollo
«Inflexible e inmisericorde», con esta firmeza se ha pronunciado la ministra de Agricultura y Medio Ambiente en funciones Isabel García Tejerina, respecto a la actitud del Gobierno para aclarar el presunto fraude en las liquidaciones de los dos proyectos más costosos de Acuamed (empresa adscrita al ministerio de Agricultura), la desaladora de Torrevieja -adjudicada a Acciona por importe de alrededor de 300 millones de euros- y la descontaminación del embalse de Flix -ejecutado por FCC por importe de 190 millones de euros-.
García Tejerina que ha sido entrevistada en el programa Pulso Empresarial de Gestiona Radio ha mostrado su «repulsa total, indignación y vergüenza» por las actuaciones que se investigan por la Audiencia Nacional, que hoy mismo decretaba el ingreso en prisión de 13 personas, entre ellas su director general, Arcadio Mateo, y su directora de Ingeniería, Gabriela Mañueco.
Con firmeza y tono serio la ministra en funciones se ha manifestado dispuesta a comparecer en el Congreso de los Diputados «si así lo acuerda en la Mesa. No lo decido yo», dando así respuesta a las peticiones formuladas por los partidos de la oposición.
En cuanto a si las irregularidades pueden afectar o no al desarrollo de las obras hidraúlicas que se están desarrollando en la región de Murcia, García Tejerina ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los regantes «nada tiene que ver con la actividad normal».
Asímismo, y pese a lo «indignante» del caso, ha puesto en valor el derecho que tienen los ciudadanos a «conocer todo», premisa que, de forma unánime, llevó al equipo del Ministerio a «solicitar el cese inmediato del director general y de la directora de ingeniería» y a personarse en la causa con el objetivo de «condenar» los hechos y «ayudar en las investigaciones».
Fianzas de hasta 50.000 euros
Precisamente esta misma tarde el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco enviaba a prisión «incondicional» a Mateo y Mañueco por presuntos de delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de los concursos públicos, falsedad, tráfico de influencias y cohecho.
La misma ristra que pesaría sobre otros 11 detenidos, entre ellos el responsable de contratación de Acuamed, Francisco Javier Gómez Pastor, el responsable de proyectos en Valencia, Pablo Martín, y el presidente de Altyum, Nicolás Steegman, que además no tendrán la ‘bula’ de la fianza, ya que se considera que existe riesgo «evidente» de fuga y destrucción de pruebas. Para los ocho restantes la cuantía que deberán depositar se ha fijado entre los 12.000 y 50.000 euros.
