La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) dice que profundizar en las reformas aumentando la edad efectiva de jubilación de 64,1 años a 66 años y aumentar la edad de cotización de 25 a 35 años supondría un ahorro de 1,4 puntos del PIB en 2050, lo que situaría el gasto en pensiones en el 12,8% del PIB, según se desprende del documento técnico presentado este lunes por su presidenta, Cristina Herrero.
Asimismo, estima que si se eliminara el factor de sostenibilidad, que se pondría en marcha a partir de 2023, y no se sustituyese por ningún mecanismo similar, aumentaría el gasto en 0,9 puntos del PIB (hasta el 15,9%). Por otro lado, cree que en un escenario base, con la entrada de todas las reformas paramétricas de 2011 y la aplicación del factor de sostenibilidad, se situaría el gasto en pensiones en el 14,2% del PIB.
No obstante, la AIReF ha apuntado que la incertidumbre en torno a las proyecciones demográficas y macroeconómicas es elevada y cree que podrían materializarse escenarios «más adversos».
Así, considera que la reducción del desempleo estructural desde los niveles que se estimaban antes de la crisis del coronavirus, próximos al 15%, hasta el 7%, requiere reformas en el mercado de trabajo para acabar con la precariedad y la dualidad. «El mercado de trabajo tiene muchas debilidades y corregirlos reduciría esta tasa de paro», ha apostillado la presidenta de la AIReF.
DÉFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
La AIReF ha resaltado que a corto plazo la Seguridad Social presenta un déficit estructural originado por la crisis de 2007, que se mantendrá en ausencia de nuevas medidas en torno a un 1,3% o un 1,5% del PIB. Para corregirlo, propone reducir la cotización por desempleo en favor de la Seguridad Social, asumiendo el Estado la pérdida del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y que el Estado financie los gastos no contributivos de la Seguridad Social.
También ha señalado que el coronavirus puede tener impacto sobre los flujos migratorios o las tasas de mortalidad y la posibilidad de que la duración de la crisis pueda causar daños estructurales en la economía y afectar al crecimiento de manera más duradera de lo estimado.
No obstante, ha afirmado que el Plan de Recuperación y Resilencia «puede ser el detonante de reformas estructurales que mejoren la productividad y el crecimiento potencial y el empleo».
Según el escenario central de la AIReF, la población en España aumentaría hasta los 54 millones de habitantes en 2050, mientras que la población en edad de trabajar se mantendría por encima de los 30 millones de personas durante todo el horizonte de previsión.
Por ello, la tasa de dependencia (población de más de 66 años dividida entre población entre 16 y 66 años) alcanzaría el 53% en 2050. La AIReF explica que esta evolución viene explicada por las previsiones en migraciones, fecundidad y esperanza de vida.
Por último, la AIReF ha destacado que la resolución de los desequilibrios a corto plazo «no debe rebajar la necesidad de afrontar los retos a largo plazo ni hacer que se olvide que el déficit estructural de las administraciones públicas permanece inalterado».
Además, considera que una pronta implementación de las reformas permitiría una puesta en marcha más gradual, facilitando su aceptación social y la adaptación de las decisiones de los agentes a la nueva situación.
Para la institución, un acuerdo en el Pacto de Toledo sería «un buen principio», pero cree que su efectividad para garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social dependerá de la concreción de las recomendaciones en la normativa. Para abordar el reto del envejecimiento, ve necesaria una visión integral y una estrategia fiscal a medio y largo plazo.
