Así lo expresó durante la apertura del ‘X Encuentro Nacional de la Inversión Colectiva’, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Deloitte y la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco).

En su intervención, Albella aseguró que la transposición de la directiva europea relativa a los mercados de instrumentos financieros está “muy avanzada”, después de que el pasado 28 de septiembre el Gobierno aprobase el segundo real decreto-ley que se encarga de dicha transposición, en concreto en la parte relativa a los intermediarios financieros y la protección al inversor.

De esta forma, la transposición de Mifid II se completará, según el presidente de la CNMV, antes de finalizar el año, con un tercer real decreto que regulará “algunos detalles”, entre los que destacó principalmente el régimen de incentivos y el nuevo régimen de análisis y la repercusión de sus costes.

Sobre este punto, Albella explicó que se observa una tendencia general a que los costes de análisis se repercutan a las instituciones de inversión colectiva y que esto ha dado lugar a una “avalancha de modificaciones de folletos” para contemplar en ellos dicha repercusión. Así, explicó que si las gestoras asumen el coste del análisis “es de esperar que eso presione al alza las comisiones de gestión” y que esto a su vez podría tener un efecto en forma de una menor contratación de análisis y, con ello, “menor riqueza en la gestión”.

La directiva Mifid II armoniza el régimen regulador de la UE en lo que respecta a los requisitos organizativos para las empresas de servicios de inversión, los mercados regulados, los mercados de las pequeñas y medianas empresas y los servicios de suministro de datos. También se establecen normas de conducta armonizadas para los servicios de inversión, incluidos los incentivos, los requisitos de información y las normas de gobernanza de los productos.

En principio el plazo original fijado para la transposición de la directiva se prorrogó durante un año, del 3 de julio de 2016 al 3 de julio de 2017, por lo que el pasado enero la Comisión Europea reclamó a 12 países miembro, entre ellos España, que apliquen plenamente la directiva. Además, la Comisión Europea ya interpuso una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento, con la correspondiente propuesta de sanción a los países que aún no han completado la transposición.

En cualquier caso, Albella recordó que desde la CNMV se ha promovido la adaptación a la directiva a pesar de que no haya sido aprobada aún del todo, por lo que agradeció el esfuerzo realizado para adelantarse a su plena entrada en vigor.