Alemania y otros diez Estados miembro han solicitado más flexibilidad en la revisión de la ley de morosidad que presentó la Comisión Europea y que establece un plazo máximo de 30 días para que entidades públicas y privadas paguen las facturas emitidas por pequeñas y medianas empresas (pymes).

La propuesta informal liderada por Alemania y respaldada por Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Portugal, República Checa y Suecia se debatirá este jueves en la reunión de ministros de Industria de la UE.

Se trata de una discusión preliminar acerca el avance de los trabajos sobre la regulación de la morosidad que permitirá a los Veintisiete compartir observaciones y dudas de cara a lograr un acuerdo que se espera que llegue entre los meses de mayo y junio.

Fuentes diplomáticas han señalado que se esperan «divisiones importantes» ya que este bloque de once países considera «excesivo» el planteamiento de la Comisión y recuerdan que la situación «difiere» de un país a otro y, entre otros, Alemania no considera que la morosidad sea un problema.

A pesar de que estas fuentes reconocen las necesidad de las pymes de recibir los pagos a tiempo, consideran que la regulación debería contemplar la posibilidad de establecer plazos de pago superiores a los 30 días.

Según la revisión que planteó Bruselas, los Estados miembro deberán crear autoridades de ejecución para supervisar y garantizar la aplicación de las normas y podrán, además, recibir denuncias, iniciar investigaciones y dictar sanciones contra los morosos.

Sin embargo, algunas delegaciones consideran que la idea de crear una nueva autoridad para hacer cumplir las normas supone añadir burocracia a un proceso ya de por sí complicado, al tiempo que critican también el marco legal, pues prefieren una directiva a una regulación para evitar una capa extra de legislación y dejar más margen de maniobra a los Estados miembro.