El responsable del área de Investigación de Amnistía Internacional, Ignacio Jovtis, considera que a partir de ahora «España se va a convertir en el paraíso de la impunidad para las graves violaciones de derechos humanos», ya que los jueces «van a ver muy limitada» su competencia para investigar estos casos cometidos fuera del territorio español.
«Es un paso atrás lamentable que va en contra de la tendencia mundial de la lucha contra la impunidad. España, si en algún momento fue referente, hoy está siendo el ejemplo a no seguir y de lo que no se debe hacer», añadió.
Jovtis subrayó que un total de 163 países (casi el 85% del total), entre ellos toda la UE, Noruega y Suiza, recogen en sus legislaciones la jurisdicción universal en al menos uno de los crímenes de derecho internacional, como genocidio, tortura, represión forzada o crímenes de lesa humanidad. «España se convierte ahora en el único país europeo cuya legislación no la recoge», apostilló.
Recalcó que este cambio normativo afectará no sólo a las investigaciones futuras, sino también a las presentes, ya que actualmente hay abiertas alrededor de 12 causas, como el ‘caso Couso’ o el genocidio en Tíbet, «muchas de las cuales van a quedar archivadas porque la ley dice que todas las causas abiertas hoy en día por el principio de jurisdicción universal serán sobreseídas hasta que no se demuestre que cumplen con los nuevos requisitos».
Además, Jovtis llamó la atención sobre el hecho de que esta modificación legislativa se haya llevado a cabo después de que un instructor de la Audiencia Nacional librara una orden de captura internacional contra cinco ex altos cargos del Partido Comunista Chino, entre ellos el expresidente Jiang Zemin, por delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad en Tíbet durante los años 80 y 90 del siglo pasado. «Hubo quejas del Gobierno chino y a renglón seguido vino esta reforma», dijo.
Asimismo, recordó que la primera reforma de la jurisdicción universal en España ocurrió en 2009 en un contexto similar, después de que la Audiencia Nacional abriera una causa por un bombardeo de militares israelíes en la franja de Gaza. «El entonces ministro de Asuntos Exteriores de Israel expresó su malestar por esa investigación. A renglón seguido vino la reforma, en ese momento liderada por el Gobierno que estaba en el poder, que era del PSOE», añadió.
Por último, Jovtis señaló que Amnistía Internacional volverá a exponer este cambio normativo ante las Naciones Unidas y apuntó que caben algunas vías para «tirar para atrás» la ley, como que grupos parlamentarios presenten un recurso de inconstitucionalidad, jueces o tribunales eleven una cuestión de inconstitucionalidad, o denuncias ante el Tribunal Penal Internacional, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada o el Comité de la ONU contra la Tortura.
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