Andalucía exige a Montero el cese de todos los prostíbulos por ley

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La Junta de Andalucía ha reclamado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, una ley estatal que permita el cierre de los prostíbulos y la erradicación de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, y le recordó que estos ‘negocios’ operan con licencias de hoteles o centros de masaje y que las regiones no disponen de competencias para clausurarlos.

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Laura Fernández, demandó en una reunión telemática con el departamento que dirige Irene Montero “una acción integral y coordinada desde el Gobierno contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual que incluya una ley para su erradicación”.

Y es que uno de los puntos que se han tratado ha sido la carta enviada por la ministra de Igualdad a las comunidades autónomas solicitando el cierre de los prostíbulos y lugares de alterne con motivo del coronavirus.

Sin embargo, como recordó Andalucía, muchos de estos espacios donde se prostituye a mujeres operan no con licencias de prostíbulos, que evidentemente no existen, sino de hoteles, bares o centros de masaje.

“Tanto desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación como desde el Instituto Andaluz de la Mujer compartimos con la ministra la preocupación por las mujeres que son víctimas de trata en estos establecimientos, pero estamos ante una cuestión que va mucho más allá de esta pandemia, nos encontramos ante una grave violación de los derechos humanos de las mujeres”, alertó Fernández.

Por tanto, la Junta de Andalucía urgió a aprobar una actuación integral y coordinada entre las distintas administraciones, así como una legislación específica de ámbito nacional para su abordaje y erradicación.

Además, la directora del IAM ha solicitado a los ministerios de Igualdad y Sanidad un marco legal para el cierre de dichos establecimientos en estos momentos. No obstante, Andalucía está buscando la fórmula legal para poder llevar a cabo su clausura, pero reconoce no tener competencias para la persecución, cierre y detención de los responsables de delitos como la trata con fines de explotación sexual que se puedan estar cometiendo en los prostíbulos.

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