La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que dirige Elena Cortés (IULV-CA), ha sancionado con 120.000 euros a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por «obstruir las medidas de la administración para garantizar la función social de sus viviendas protegidas».

Se trata de la primera sanción económica que impone la Consejería de Fomento en aplicación de la Ley de Medidas de Función Social de la Vivienda, conocida popularmente como ‘Ley antidesahucios’, que establece la obligación de las entidades financieras de aportar a la administración pública inventario de las viviendas protegidas que se encuentren en sus balances.

La Sareb señaló en sus alegaciones previas a la resolución que impone la multa que no posee 911 VPO en Andalucía, como señaló en un informe incluido en el recurso del Gobierno central contra la Ley de Función Social de la Vivienda, sino 98. Fomento asegura que la entidad financiera se expone por estas 98 viviendas, en un segundo procedimiento sancionador que sigue su curso, a una multa de 11,7 millones de euros, en el caso de que no hayan sido puestas a disposición de los registros municipales de demandantes.

La consejera, Elena Cortés, ha defendido que «todas las viviendas protegidas, sea quien sea su titular, deben estar a disposición de las familias que las necesitan y las demandan a través de los registros municipales» y ha alertado de la «extrema gravedad» de que la propia Sareb haya confirmado en una notificación a la Junta que los datos con los que el Gobierno fundamentó su recurso contra la ‘Ley antidesahucios’ eran «totalmente falsos».