Argentina ha caído en la suspensión de pagos, no ha logrado llegar a un acuerdo de pago con los fondos buitre que son los tenedores de deuda soberana. Estos holdouts están demandando al país presidido por Cristina Fernández de Kirchnner la cantidad de 1.300 millones de dólares, tras la sentencia de un juez estadounidense Thomas Griesa, que ha respaldado la petición de pago.

Tras una dura reunión en Nueva York del ministro de economía, Axel Kicillof, ya decía que su país no podría hacer frente a la demanda que se les hacía por parte de  sus acreedores, alegando que van a acudir y ampararse en el derecho internacional para mitigar una situación que consideran injusta. Pese a las evidencias, el titular de economía argentino defiende la honarabilidad de su Gobierno, alegando que se han hecho los pagos a los bonistas que accedieron al canje, aunque el dinero haya sido bloqueado por el magistrado.

Consecuencias para los ciudadanos argentinos

Llevando la contraria a Kicillof, el mediador del caso designado por el juez, Daniel Pollock, ha advertido de que esta situación es real y dolorosa porque «va a tener consecuencias para los argentinos». Y no solo para ellos sino también para los tenedores de bonos e inversores extranjeros. Éstas eran sus palabras tras la fallida reunión en EEUU sobre la  deuda argentina.

Este mediador fue designado por Griesa para que se encontrará una solución al pago de los 1.300 millones de dólares a estos fondos, conocidos como buitres,  más los intereses ya que los bonos dejaron de ser pagados en 2002, según ha comunicado Reuters.