– En la presentación ante el Congreso del proyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental, que amplía a las aguas marinas el daño ambiental por extracciones de petróleo o gas
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, presentó este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Responsabilidad Medioambiental afirmando que este texto «mantiene con todo rigor los principios de prevención y de que quien contamina, paga», ante las críticas del PSOE, La Izquierda Plural y UPyD, que le acusaron de presentar una norma de «irresponsabilidad ambiental» basada en que «quien paga, puede contaminar».
Esta norma inició su tramitación parlamentaria con el debate y la votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, La Izquierda Plural y UPyD, las cuales fueron finalmente rechazadas.
Arias Cañete afirmó que las modificaciones introducidas en la ley, de 2007, no pretenden minimizar los aspectos relacionados con prevenir, evitar y reparar los daños, sino que se mantiene y se refuerza el carácter de la responsabilidad medioambiental. «Todo aquel que produzca un daño al medio ambiente, se verá obligado a repararlo», recalcó.
Señaló que la principal dificultad en la aplicación de la ley está en que «no se ha constituido una sola garantía financiera» o ‘seguro verde’ que las empresas deben formalizar para hacer frente a los posibles daños ambientales en sus proyectos.
Arias Cañete destacó que la norma incluye entre sus novedades que amplía el ámbito de aplicación para cubrir posibles daños a las aguas marinas en los proyectos relacionados con la extracción de petróleo o gas que ocurran «mar adentro». «Por primera vez, quedan cubiertos por ley los daños que estas operaciones puedan hacer a las aguas marinas. Estaremos entre los primeros países de la UE que incrementará la protección de nuestras aguas marinas», agregó.
Además, aseguró que el proyecto de ley «refuerza los aspectos preventivos del régimen de responsabilidad medioambiental, a través de los análisis voluntarios de riesgos y de la constitución de la garantía financiera.
Indicó que, de esta manera, se impide que las empresas «cuyas actividades entrañan un mayor riesgo para el medio ambiente puedan eludir la obligación de constituir la garantía financiera por vía reglamentaria». «El proyecto de ley discrimina a la hora de exigir la garantía financiera obligatoria, asegurando que se aplique efectivamente a las industrias que presentan mayores riesgos ambientales, lo que hasta ahora no se había producido», apostilló.
«LEY DE IRRESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL»
Por su parte, el portavoz del PSOE, José Luis Ábalos, bautizó el proyecto presentado por el Gobiermo como «Ley de Irresponsabilidad Medioambiental», porque deja voluntariamente a las empresas el suscribir un ‘seguro verde’ y se rebaja así la faceta preventiva de la norma.
Además, aseguró que con la nueva ley apenas 5.470 operadores deberían contar con la garantía financiera, cuando actualmente unas 320.000 actividades están obligadas. «Es un cambio brutal», añadió, antes de acusar a Arias Cañete de pasar del «desmantelamiento de la protección medioambiental» a «voladura de la protección ambiental».
Ábalos criticó que serán las propias empresas las que asuman los riesgos y los cuantifiquen «en lo que creen conveniente», lo que supone «una situación de auténtica liberalización» y un cambio del modelo de «quien contamina, paga» por los de que «el daño lo repare el que los sufre o lo paguemos todos con los Presupuestos Generales del Estado». «El sistema medioambiental tiene muchos nombres, pero el de destrucción medioambiental tiene un único nombre: Arias Cañete», recalcó.
Por su parte, Laia Ortiz, de La Izquierda Plural, tildó el proyecto de ley de «atropello» hecho » a medida de los irresponsables medioambientales».
Ortiz censuró que el Gobierno exima al 90% de las empresas de contratar garantías financieras, «como si el principio de que quien contamina paga, sea voluntario».
Toni Cantó, de UPyD, consideró «una broma macabra» que los operadores contraten seguros voluntariamente y, además, fijen la cuantía. «No es lo mismo decir que quien contamina paga que quien paga puede contaminar», dijo.
Joan Baldoví, de Compromís, se preguntó «qué garantía fijaría la empresa concesionaria del proyecto Castor», que causó un incremento de seísmos frente a las costas de Castellón el pasado mes de septiembre, ante lo cual respondió: «Permítanme que esboce una sonrisa irónica».
Maite Ariztegui, de Amaiur, tildó de «fraude de ley» el texto presentado por el Gobierno, al que acusó de dejar «las puertas abiertas al negocio de unos pocos, a costa de menores garantías en la protección medioambiental».
Por otro lado, Martí Barberà (CiU) y Joseba Andoni Aguirretxea (PNV) se mostraron abiertos a modificar el proyecto de ley durante su recorrido parlamentario.
