Asufin ha pedido al nuevo Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que garantice la tutela judicial «efectiva» de los consumidores y ha denunciado que se «está vulnerando» el artículo 24 de la Constitución por la «falta de recursos humanos y materiales de los tribunales», entre otras cuestiones, según ha señalado la asociación a través de un comunicado.

En este sentido, a fin de garantizar esa tutela efectiva en los tribunales, Asufin ha pedido a Gabilondo que inste al Gobierno a proveer de recursos humanos y materiales «suficientes» para que los «abusos reiterados» como los gastos hipotecarios, el IRPH o las hipotecas multidivisas, «encuentren un cauce adecuado y no se agolpen en los tribunales especializados hasta tres y cuatro años».

Asufin afirma que esta «dilación» de los procedimientos termina por «disuadir» al consumidor de reclamar en los juzgados, por lo que pide medidas «contundentes» para defender los intereses del consumidor financiero, como la imposición de sanciones o los recargos disuasorios a las entidades «que persistan en las malas prácticas y la comercialización de productos y servicios con cláusulas abusivas».

Asimismo, considera que los mecanismos extrajudiciales son «un parche». «Tras el arbitraje de las preferentes, los tribunales se llenaron de reclamaciones y lo mismo sucedió con las cláusulas suelo, un fracaso absoluto, que trajo consigo la implantación de los juzgados especializados, sin medios materiales ni humanos suficientes».

La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha señalado que este sistema «les sale sumamente rentable a las entidades, pues disuade a los consumidores de reclamar debido a la lentitud de la Justicia y supone un rescate encubierto a las entidades financieras que ven con tranquilidad cómo tendrán que devolver el dinero tras seis o siete años a los pocos consumidores que hayan reclamado».

Además, señala que las resoluciones del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) «no son vinculantes», mientras que las demandas acumuladas o colectivas son «complejas procesalmente hablando».

«La única solución para que el afectado recupere el dinero es la demanda individual a pesar de que los procesos son costosos, dolorosos y dilatados en el tiempo. Y el coste de litigar es también una variable que tenemos que tener en cuenta, no solo para el demandante, sino para el resto de contribuyentes», afirma la asociación.