Grecia y las instituciones acreedoras han alcanzado un acuerdo que, salvo sorpresas de Bruselas, permitirá desbloquear un tramo del tercer rescate y obtener fondos para la recapitalización de la banca, pero que ha obligado al Gobierno de Alexis Tsipras a abandonar aún más sus promesas sociales.

Tras varias sesiones maratonianas durante el fin de semana y una nueva ayer, el Gobierno y la denominada cuadriga -Comisión Europea, Mecanismo Europeo de Estabilidad, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional- cerraron esta madrugada la lista de 48 requisitos, cuyo cumplimiento era necesario para poder obtener un subtramo de 2.000 millones de euros y 10.000 millones de euros para la banca.

Sin embargo, dejaron para diciembre uno de los dos temas más candentes de la negociación, el de la cartera de créditos morosos de la banca, que asciende a 107.000 millones de euros, lo que representa en torno al 60 % del Producto Interior Bruto griego, y es la más alta de la Unión Europea.

El Gobierno ha cedido mucho terreno en esta cuestión y entretanto ha aceptado que se puedan vender créditos en mora a fondos de inversión en el extranjero, los llamados fondos «buitre».

El debate sobre esta cuestión ha quedado aplazado hasta diciembre para no torpedear el desembolso de los fondos para la recapitalización de la banca, un proceso que debe haber concluido antes de finales de año, para evitar quitas a los depósitos superiores a 100.000 euros.

Grecia y los representantes de la denominada cuadriga cerraron en cambio uno de los temas socialmente más sensibles, el de las ejecuciones hipotecarias.

En esta cuestión, el Gobierno de Tsipras ha tenido que alejarse aún más de sus promesas electorales y ceder aún más de lo que hizo la coalición de Gobierno entre conservadores y socialdemócratas dirigida por Andonis Samarás.

Después de una moratoria de cinco años, los desahucios serán posibles en Grecia, aunque con una serie de salvaguardas que, según el Gobierno, pretenden proteger al 60 % de las hipotecas.

El objetivo de Tsipras era que fuera el 72 % de las hipotecas.

El acuerdo prevé que solo quedarán absolutamente protegidos del desahucio los propietarios de viviendas con ingresos muy bajos, que constituyen en torno al 25 % de la cartera de hipotecas morosas.

Se trata de personas con ingresos anuales brutos de 8.180 euros en el caso de los solteros, de 13.917 euros para los casados sin hijos y de 20.639 euros para las familias con dos hijos.

Estas personas obtendrá un subsidio para hacer frente a sus obligaciones bancarias.

Para ello se reservará una partida de 100 millones de euros en los presupuestos generales de 2018.

El valor catastral de la vivienda no debe exceder los 170.000 euros.

A los hipotecados con ingresos anuales brutos de entre 13.906 euros (solteros) y 35.086 (casados con dos hijos) y viviendas con un valor catastral no superior a los 230.000 euros se les aplicará un modelo de pago a plazos de obligado cumplimiento si quieren evitar perder su vivienda.

La cantidad a pagar en cada tramo la decidirá un juez que tomará en cuenta el valor comercial del piso.

Las críticas de la oposición no se hicieron esperar y en un comunicado la conservadora Nueva Democracia recordó que en enero, antes de las elecciones, Tsipras aseguró que «ni una sola casa pasaría a manos de los bancos».

«En septiembre engañó otra vez a los ciudadanos con la promesa de que no habría subastas de primeras viviendas. Hoy Tsipras firma los desahucios para miles de pisos. El fraude político es obvio. El mito de la supuesta sensibilidad social de la izquierda ha caído», añadió.

El ministro de Finanzas griego, Euclides Tsakalotos, anunció hoy la introducción de un nuevo impuesto sobre el vino para completar las medidas alternativas comprometidas con los acreedores y evitar imponer un IVA del 23 % a la educación privada.

Tsakalotos explicó que esta tasa complementará un impuesto que el Gobierno aplicará a los juegos de azar para conseguir recaudar 300 millones de euros, cantidad que se perseguía obtener con la introducción del IVA sobre la educación privada.

El ministro dijo que el Ejecutivo está examinando además «otras dos alternativas» si la tasa sobre el vino no es suficiente para cubrir tal cantidad, pero no quiso dar más detalles al respecto.

El acuerdo debe ser avalado todavía por el Grupo de Trabajo del Euro, por el Eurogrupo y ser votado en el Parlamento.

Grecia y los acreedores empezarán a trabajar a partir de mañana sobre la próxima lista de requisitos, cuya aplicación es necesaria para obtener un siguiente tramo, de 1.000 millones de euros, del rescate total de 86.000 millones de euros.