Atlantia puja por el negocio de Tráfico de Siemens

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Atlantia, la compañía italiana de autopistas de la familia Benetton, ha realizado una oferta valorada en 1.000 millones de euros para hacerse con el 100% del capital de Yunex Traffic, la división de Siemens enfocada a la gestión de los sistemas de Transporte y Tráfico.

Según ha confirmado la compañía, que es socia de ACS en el capital de Abertis, se trata de un proceso competitivo abierto por el gigante alemán para la venta de esta unidad de negocio y en el que Atlantia ya ha mostrado su interés.

La italiana defiende que esta operación encaja con su nuevo plan estratégico de aumentar su exposición al sector de las autopistas, aeropuertos y medios digitales de pago asociados a la movilidad, por medio de nuevas inversiones que refuercen su posición en el mundo del Transporte, vinculado ahora a la electrificación, al ferrocarril y a las tecnologías renovables y descarbonización.

El valor de Yunex Traffic, según ‘Bloomberg’, estaría cercano a los 1.000 millones de euros. En cualquier caso, Atlantia ha asegurado que dará a conocer el resultado de la operación en cuanto Siemens concluya el proceso de venta.

VENTA DE LAS AUTOPISTAS ITALIANAS

En junio de 2021, el consejo de administración de Atlantia aprobó la venta de toda su participación en la filial de autopistas Autostrade per l’Italia (ASPI) a un consorcio formado por el Gobierno italiano y los fondos de inversión Blackstone y Macquarie por 9.100 millones de euros.

La dirección de la compañía tomó esta decisión definitiva, tras largas negociaciones con el Ejecutivo transalpino y después de que el 86,86% de los accionistas votaran en la junta general a favor de esta desinversión con un quórum del 70,39%.

Por esta empresa que gestiona casi 3.000 kilómetros de autopistas en el país transalpino también se interesó la constructora española ACS, que llegó a trasladar una expresión de interés por unos 10.000 millones de euros pero nunca llegó a presentar una oferta vinculante.

Esta desinversión de Atlantia se enmarcaba dentro del acuerdo alcanzado durante el verano de 2020 con el Gobierno del país, que pretendía que todos los activos pasasen al control del Estado como consecuencia del desplome del puente de una autopista en Génova en el verano de 2018, que causó la muerte a 43 personas.