Axis, el brazo inversor de capital riesgo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), podrá movilizar a través de los recursos que gestiona más de 25.000 millones de euros entre fondos públicos y privados hasta 2029, según un estudio presentado este jueves sobre el papel del sector público en el desarrollo de la inversión de impacto (aquella que busca beneficios sociales y medioambientales, además de económicos) en España.

El director general de Axis, Guillermo Jiménez Gallego, ha incidido en el papel de la inversión de impacto al apuntar que lo que buscan son «inversiones que generen ese impacto positivo en la sociedad, además de una rentabilidad en el sentido financiero».

El informe, elaborado por la cátedra de la IE University y la gestora Impact Bridge, ha ahondado en que, a lo largo de su historia, Axis ha invertido unos 3.600 millones de euros en más de 280 compañías y fondos, en tanto que actualmente gestiona 12.150 millones de euros a través de sus cuatro vehículos.

Entrando al detalle de las inversiones de impacto de la firma, desde 2018 se ha aprobado la inversión en nueve fondos, que en la actualidad disponen de 358 millones de euros para invertir en empresas de impacto social y medioambiental; hasta ahora, estos fondos ya han invertido 92 millones en 73 empresas.

Para la entidad, el eje inversor se constituye sobre la colaboración público-privada, fórmula bajo la que siempre operan, ya sea a través de la inversión en fondos o en coinversión junto a otros actores privados en proyectos y empresas.

Ligado a esto, Jiménez Gallego ha hecho un llamamiento a la industria del capital riesgo y a los distintos tipos de inversores para que entren en este tipo de vehículos.

Además, el estudio, al igual que Jiménez Gallego, ha puesto el foco en el «papel fundamental» que tiene que jugar Axis en el despliegue de los fondos de la segunda fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para promover el crecimiento empresarial y dinamizar la transición verde y digital.

En ese sentido, de los 40.000 millones de euros en préstamos cuya gestión tiene asignada el ICO, se estima que aproximadamente 8.000 millones de euros se canalizarán a través de Axis en colaboración con las gestoras y fondos de capital riesgo.

También con el apoyo de esos fondos europeos, el estudio ha citado a otros casos como a la sociedad público-privada Cofides, que ha lanzado el Fondo de Impacto Social (FIS), que busca abordar retos como la desigualdad y la integración social y territorial, y que cuenta con 400 millones de euros a cargo de los planes de recuperación.

A propósito del ICO, el grupo se ha fijado el objetivo de que al menos el 40% de todas sus nuevas operaciones se realicen bajo criterios de sostenibilidad, con un compromiso de seguimiento y evaluación para asegurar el cumplimiento de estas metas a medio y largo plazo. De su lado, Axis cuantifica que el 90% de las nuevas operaciones ejecutadas en 2023 cumplía criterios de sostenibilidad.

Por otra parte, en el apartado de propuestas al Estado para fomentar la inversión de impacto, el estudio ha trasladado la atención en la creación de incentivos fiscales en forma de desgravaciones impositivas, el establecimiento de prioridades estratégicas (como la educación o la agricultura sostenible, por ejemplo) y la creación de infraestrcuturas que faciliten el desarrollo del ecosistema.

Sobre este último punto, el estudio ha ejemplificado que se puede implementar la provisión de asistencia técnica, ofreciendo a las gestoras y a las empresas invertidas recursos económicos a fondo perdido que faciliten la consecución de los objetivos de impacto.

Poniendo nombre y apellidos a inversiones concretas de Axis, el estudio ha citado, entre otros, los casos de Sqrups, empresa que vende stock a liquidar y en la que han entrado de la mano de la gestora Global Social Impact Investments, y Moda re-, cooperativa de economía circular textil en la que apostaron con la firma Impact Bridge.

En un vistazo global al sector de la inversión de impacto, cabe destacar que ésta creció un 58% en España en 2022, hasta alcanzar los 1.208 millones de euros, según la asociación de referencia al respecto, SpainNab.