El Banco de España actualizará sus previsiones macroeconómicas tras la revisión a la baja del Instituto Nacional de Estadística (INE) en relación al crecimiento observado en el segundo trimestre del año, que pasó de un 2,8% intertrimestral, en la publicación del avance previo, a un 1,1%, en esta nueva estimación.

Así lo ha confirmado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en la conferencia titulada ‘Los retos que afrontan las empresas no financieras españolas’ que ha pronunciado durante el acto de inauguración del ‘Foro Avanza’, organizado por la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur) en Murcia.

Cabe recordar que la semana pasada el Banco de España elevó su previsión de crecimiento de la economía española al 6,3% para este año, una décima más que en sus anteriores estimaciones de junio, y mejoró al 5,9% la previsión para 2022 y al 2% para 2023. Ahora, una vez se analicen las implicaciones de la profunda revisión a la baja del INE para el segundo trimestre del año, el organismo que encabeza Hernández de Cos tendrá que actualizar sus estimaciones.

No obstante, el gobernador ha afirmado que más allá de las cifras concretas de crecimiento para este año, que se verán afectadas por esta revisión, anticipa que «se mantendrá una progresiva normalización de la actividad en los próximos trimestres, bajo el supuesto de que continuará el proceso de mejora de la situación epidemiológica».

Sin embargo, reconoce que «las previsiones siguen rodeadas de un grado de incertidumbre elevado» y que el dinamismo de la actividad «sigue muy condicionado por el impulso que se espera que continúen aportando las políticas económica».

En este sentido, subraya que la tasa de ahorro de los hogares experimentará una reducción progresiva y se situaría en el promedio de 2023, algo por encima de su nivel previo a la crisis. Y es que, vaticina, «los hogares podrían decidir limitar sus niveles de gasto en anticipación de que el elevado volumen de deuda pública acumulado con la crisis conduzca en el futuro a un aumento de impuestos».

En el caso de la vivienda, en virtud de la recuperación de los visados sugiere «un comportamiento más expansivo de la ejecución de obra a medio plazo, a lo que se une la menor incertidumbre y la evolución positiva del mercado de trabajo, que han reforzado las expectativas de renta futura de los hogares».

Incertidumbre que también afecta al sector exterior, ya que las limitaciones a los movimientos internacionales «tiene un impacto muy duradero sobre los flujos turísticos».

Considera que «los avances de las campañas de inmunización en los principales mercados emisores de turistas contribuirían a la prolongación de la recuperación del turismo», aunque ha dejado claro que no espera que se alcancen los niveles prepandemia hasta finales de 2023.

Y anticipa, del mismo modo, un «repunte de las exportaciones de bienes, en sintonía con el fortalecimiento de la actividad de los principales socios comerciales».

También existe incertidumbre «sobre el grado de persistencia del actual repunte inflacionista», que asume que será de carácter transitorio, de manera que la evolución sería coherente con una tasa de inflación media del 2,1% en 2021, del 1,7% en 2022 y del 1,3% en 2023, puntualiza.

PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDAS

Y es que, reconoce, la pandemia del COVID-19 «ha impactado con una fuerza inusitada sobre la actividad empresarial, si bien con distinta intensidad por sectores y según el tamaño de las empresas».

No obstante, celebra que el resultado de las políticas económicas «ha permitido evitar una oleada de quiebras y cierres masivos de empresas», pero ha advertido de «algunos» problemas detectados en la ejecución del programa de ayudas aprobado en España que, a su juicio, deberían resolverse «con prontitud».

En todo caso, apunta, «por su naturaleza, este tipo de programas se dirige a un elevado número de empresas, de tamaño muy reducido en la mayoría de los casos, lo que dificulta su implementación y exige realizar una evaluación periódica del mismo que justifique su adaptación si los resultados muestran indicios de que no se están alcanzando los objetivos previstos».

Cos resalta la necesidad de que se diseñe un programa de consolidación que «permita reducir gradualmente los elevados niveles de déficit y deuda públicos, definiendo los objetivos, los plazos y su
composición entre ingresos y gastos». Su ejecución, dice, «debe iniciarse solo cuando la recuperación sea sólida».

En clave económica, advierte del repunte del número de los concursos de acreedores este año, que ha sido especialmente intenso en el caso de los empresarios individuales.

Por contra, en el caso de las empresas murcianas, aunque también han sufrido el impacto de la crisis, ha sido «menos acusado» que en el conjunto nacional, que se achaca al mayor peso relativo en la economía murciana de los sectores menos golpeados por la crisis, como son el sector primario, la industria y el sector público; así como a la menor dependencia del turismo extranjero en comparación con otras zonas turísticas del arco mediterráneo y las islas.

En esta misma línea, a nivel nacional la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial muestra que las empresas «anticipaban una recuperación adicional de la actividad y el empleo para el tercer trimestre de este año, que sería generalizada y más acusada en los sectores que se han visto más afectados por la crisis».

Además, la encuesta apunta a una mejoría de las perspectivas a medio plazo, de manera que destaca «un incremento apreciable de las empresas que esperan recuperar el nivel de actividad previo a la crisis en 2022, que ahora alcanza cerca del 60% de las encuestadas».

También lamenta el «bajo» crecimiento de la productividad, que es el principal factor determinante del «modesto crecimiento potencial de la economía española». Y es que, ha afirmado, las empresas españolas «en promedio son menos productivas que las de otros países», unido esto al problema de «escasez» de innovación en las empresas.

Aboga, en este sentido, por «eliminar las trabas regulatorias al crecimiento empresarial» y revisar «los distintos umbrales por tamaño existentes, que pueden plantear desincentivos al crecimiento de las
empresas dado que su superación supone asumir mayores costes».

Y es que, subraya, «estas trabas a la unidad de mercado podrían estar limitando no solo la creación de empresas, sino también su posterior capacidad de desarrollo».

Concluye Cos que la crisis del COVID-19 «ha tenido un fuerte impacto en la situación económica y financiera de las empresas», pero celebra que las políticas económicas de apoyo «han contribuido decisivamente a mitigar sus efectos».

No obstante, alerta de la persistencia de «importantes» riesgos y vulnerabilidades, especialmente en los sectores más golpeados por la crisis, por lo que resalta la necesidad de que se sigan manteniendo los apoyos, «focalizados en las empresas viables que se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad».

Recomienda también para aumentar la productividad «realizar una revisión del marco regulatorio para fomentar la dinámica y el crecimiento empresarial, incrementar el grado de competencia
sectorial y reducir las actuales trabas a la unidad de mercado, además de reducir la temporalidad en el mercado laboral».

Así como «desarrollar políticas que estimulen la acumulación de capital humano y de capital tecnológico», ámbitos en los que lamenta que España presenta «carencias» respecto a los países del entorno.