El Banco de España advierte de que la adopción del reglamento sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de intermediación en línea se abstrae de dar respuesta a cuestiones «particularmente importantes» derivadas de los retos de las plataformas digitales para el sector financiero, como las derivadas de la unilateralidad en las negociaciones, la presencia de restricciones verticales, la aplicación de cláusulas abusivas o la generalización de otras prácticas comerciales desleales.
Por ello, pide un «examen pormenorizado» de cada actividad que realicen dichas plataformas para estudiar si es preciso el desarrollo de un régimen accesorio específico a la regulación existente.
Así lo señala el organismo supervisor en un artículo analítico sobre los avances en la regulación de las plataformas digitales y los retos en el ámbito financiero, en el que subraya que la irrupción creciente de las plataformas digitales aventura cambios importantes en el modo de organización y funcionamiento de las economías.
El organismo supervisor explica que también conlleva retos para la estabilidad financiera, ya que la presencia de estos nuevos agentes origina cuatro grandes desafíos: el incremento del riesgo general de negocio de las entidades financieras tradicionales, que «compromete su solvencia y promueve la banca en la sombra»; la aparición de nuevas clases de interdependencias o la amplificación de las ya existentes «potencialmente opacas para el regulador/supervisor»; la concentración de la oferta en el medio plazo, y un comportamiento crediticio «más errático e inestable».
Aunque avisa de que estos desafíos exceden el alcance del reglamento, considera que proporciona un marco «valioso» para avanzar en la búsqueda de una solución, ya que la mejora de los niveles de transparencia de las plataformas debería ayudar a identificar los posibles focos de distorsión y evidenciar las «carencias» de la regulación.
Adicionalmente, resalta que el reglamento contempla la puesta en marcha de un Observatorio que permitirá analizar las prácticas de dichos operadores de manera más exhaustiva, para, eventualmente, promover otras actuaciones de política pública.
Sin embargo, avisa de que no atiende los problemas propios de la industria financiera que son cuestiones de «suma importancia», como son la unilateralidad en las negociaciones y otras «más específicas y apremiantes», como los inherentes a la prociclicidad del crédito, la selección adversa o las consecuencias sistémicas de desconocer la naturaleza de las interdependencias.
A su juicio, estos asuntos demandan «una aproximación específica, que, basándose en la naturaleza de las actividades y sus riesgos, identifique los aspectos concretos del negocio de las plataformas digitales que resultan asimilables a las actividades reguladas, frente a aquellos otros que, por sus implicaciones sobre estas, podrían requerir un régimen accesorio específico.
