Banco Santander ha vuelto a adjudicarse el contrato del Ministerio de Justicia para el servicio de apertura y gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales, aquellos que se constituyen a disposición de los órganos de la Administración de Justicia en el ámbito de los procesos judiciales. El Ministerio ha tenido en cuenta, principalmente, las mejores condiciones técnicas de la propuesta de Banco Santander frente al otro licitador, lo que significa que prorrogará por otros cuatro años el contrato que el banco venía gestionando desde 2003, con posibilidad de otras dos prórrogas anuales (2019 y 2020).

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presidido hoy el acto de renovación del contrato con la firma por parte de la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, y del director general y responsable de Santander España, Enrique García Candelas. Este contrato permitirá al banco relacionarse con clientes de alto nivel de vinculación, personal de la administración de justicia (jueces y fiscales, secretarios judiciales y resto de funcionarios) así como con colectivos profesionales directamente relacionados con la justicia (abogados, procuradores y graduados sociales).

En concreto, Santander España proporcionará servicios a 4.500 órganos judiciales y a más de 8.000 juzgados de paz y gestionará un saldo medio superior a 3.800 millones de las cuentas de consignación.

La adjudicación a Banco Santander ha sido posible por la superioridad de la oferta tecnológica y el compromiso con el apoyo al plan de modernización de la Justicia. En ese sentido, el banco se ha fijado también el objetivo de invertir más de 500.000 horas en planes de desarrollo de modernización del Ministerio. Banco Santander pondrá en marcha novedosas soluciones de movilidad y portabilidad del servicio, tanto para los funcionarios, como para los profesionales de la Justicia, e impulsará iniciativas para facilitar la interoperabilidad de la aplicación con el resto de aplicaciones de gestión judicial o el desarrollo de los pagos electrónicos, lo que redundará en la eliminación del papel y será fundamental para la puesta en marcha del expediente judicial electrónico.