A finales de septiembre el Gobierno agooel total del presupuesto para disposiciones del fondo de reserva
A perro flaco todo son pulgas dice el refrán y frente al mal tiempo buena cara. Si la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) alertaba a media mañana de ayer de las presiones a las que, a pesar de las reformas puestas en marcha, están sometidas las pensiones de los 34 países miembros, entre ellos España, apenas una hora después la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, salía al paso defendiendo que tras la reforma de 2012, los españoles tenemos un sistema de pensiones «más fuerte, más preparado para los retos del futuro y además gracias a las reformas van a subir siempre».
Un «mensaje de tranquilidad» que aderezaba con los 2.800 millones de euros de poder adquisitivo que han ganado los pensionistas durante los últimos años. Ahora bien no está todo hecho y «tenemos que seguir trabajando en esta dirección», afirmaba Bañez tras clausurar la jornada Claves para el crecimiento del mercado laboral en España, organizadas por el IESE Business School.
Lo cierto es que las pensiones cuestan al Estado mucho más de lo que se recauda en concepto de cotizaciones sociales. Según el resumen de Ejecución del Presupuesto de la Seguridad Social, éstas últimas aportaron a la caja del sistema un total de 82.671,38 millones de euros, mientras que el desembolso fue de 84.925,81 millones de euros. Es decir, se ingresaron 2.255 millones de euros menos de lo que se necesitó para pagar la nómina de los pensionistas.
Circunstancia que se viene repitiendo desde que se inició la crisis y que ha llevado a las cuentas del departamento que dirige Tomás Burgos a padecer un estado de déficit crónico, obligando además al Gobierno a recurrir, con mayor frecuencia de la deseable, a la conocida ‘hucha de las pensiones’. De hecho a finales de septiembre ya se habrían agotado los 3.750 millones de euros presupuestados para disposiciones del fondo de reserva en todo 2015. Un suma y sigue que desde principios de la legislatura acumula 43.051 millones de euros de pérdidas, o lo que es aún más inquietante, el 64,4 por ciento sobre los 66.815 millones de euros ahorrados desde que se creara en el año 2.000.
Más impuestos y más edad
El Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de diciembre deberá abordar mediante la renovación del Pacto de Toledo, cómo solucionar la crisis de las pensiones. Así en los últimos días y aprovechando el periodo pre-electoral en el que nos encontramos hemos escuchado hablar a los distintos representantes de fórmulas mágicas para garantizar el estado de bienestar.
Y todas pasan por la vía impositiva. El Partido Popular apuesta porque sean las pensiones de muerte y supervivencia (viudedad, orfandad y favor de familiares) las que se financien a través de este sistema. Algo que no está mal visto por los socialistas, que dan un paso más y proponen un viraje hacia el modelo francés creando un impuesto específico al efecto.
Ahora bien, los expertos no creen que ésta sea la única reforma que haya que llevar a cabo para insuflar aire al sistema. Entre ellas la de incrementar la edad de jubilación hasta los 70 años en un proceso progresivo, proporcional al envejecimiento de la población. Algo que también se incorpora dentro de las recomendaciones de la OCDE aunque matiza que «estos cambios pueden implicar efectos distributivos, conforme la capacidad laboral a mayor edad y la esperanza de vida restante varían entre los distintos grupos socioeconómicos».
Desde el organismo apuestan también por la supresión de las pre-jubilaciones, sustituyéndolas por «sistemas de desempleo que promuevan la actividad como una manera de proteger y ayudar a que estos trabajadores permanezcan en el mercado laboral más tiempo».
Paso previo, éste, al de fomentar la jubilación activa, en la línea de algunas de las iniciativas que se han puesto en marcha por el actual Gobierno como la de la jubilación parcial o la jubilación flexible, compatible esta última con una de las propuestas de Ciudadanos que opta por el derecho a decidir sobre la edad de jubilación.
No obstante, tal y como explicaba Bañez, «la verdadera garantía es el empleo», a lo que cabe puntualizar que éste debe ser de calidad así como acompañarse con incentivos a la natalidad que hagan más fácil la reincorporación de las mujeres al mercado laboral tras la maternidad.
Sistema mixto
Tampoco se descarta la puesta en marcha de un sistema mixto por tramos. Con este sistema sólo se cotizaría por la pensión mínima de subsistencia que sería completado con aportaciones de las empresas a planes de pensiones privados.
A este respecto, también ayer, ING Direct publicaba un informe en el que pone de relieve que el 72 por ciento de los españoles desconfía de la sostenibilidad de las pensiones. Preocupación que no es óbice para que tan sólo el 28 por ciento de los encuestados sean titulares de un plan de pensiones. Tendencia que podría modificarse con la recuperación de la economía, ya que según se extrae del estudio 1 de cada 3 españoles se plantea contratar un plan de pensiones en un futuro relativamente próximo.
