La Comisión Europea ha avalado este jueves el veto del Gobierno de España a la operación lanzada por una empresa húngara para comprar Talgo alegando que proteger los intereses y la seguridad nacional de España, apuntando que la situación puede terminar dirimiéndose en el Tribunal de Justicia de la UE.
En rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz comunitaria Francesca Dalboni, ha evitado poner objeciones a la maniobra del Gobierno tras asegurar que es prerrogativa de los Estados miembros adoptar este tipo de decisiones.
Así, ha recordado que los tratados de la UE permiten restringir la libertades de mercado único, como el libertad de establecerse y libre movimiento de capitales, alegando motivos de seguridad pública.
«Las medidas deben estar justificas y ser proporcionales al objetivo que persiguen», ha añadido Dalboni, quien ha indicado que las autoridades españolas no tenían obligación de informar previamente al Ejecutivo europeo sobre su decisión.
Después de que el potencial comprador, Magyar Vagon, haya anunciado que acudirá a instancias europeas para denunciar la maniobra de España, la Comisión Europea ha asegurado que no tiene de momento noticias de la compañía.
En este sentido, el portavoz comunitario, Eric Mamer, ha resumido que los principios por los que funciona la UE aparecen recogidos en los tratados y este tipo de decisiones deberán ser supervisadas en última instancia por el TJUE.
